El encuentro, realizado en el ex Congreso Nacional, en Santiago, convocó a parlamentarios, abogados, ex ministros de Estado y del Tribunal Constitucional, representantes del Consejo para la Transparencia, sociedad civil e instituciones públicas.
Debatir acerca de la necesidad, los alcances y redacción del proyecto de ley que busca consagrar el derecho de acceso a la información pública en la Constitución. Este fue el objetivo del “Seminario Acceso a la Información Pública: un derecho constitucional”, organizado por el Consorcio por la Transparencia y realizado este lunes 13 de mayo.
Para ello, la actividad contó con la participación de un grupo de panelistas “expertos” conformado por el presidente de Fundación Pro Acceso y representante del Consorcio, Federico Allendes; el senador miembro de la Comisión de Ética y Transparencia Hernán Larraín; el ex ministro del Tribunal Constitucional (TC) y ex ministro Segpres José Antonio Viera Gallo; el abogado constitucionalista y ex ministro del TC Jorge Correa Sutil; y el consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT) Alejandro Ferreiro.
Tras una breve introducción de quien ejerció como moderadora del seminario, la Jefa de Comunidad y Redes de Ciudadano Inteligente, María Luisa Sotomayor; se abrió el debate que tuvo como primer expositor a Federico Allendes.
El presidente de Pro Acceso se refirió a la necesidad de explicitar el derecho de acceso a la información pública, como forma de garantizar el cumplimiento de lo exigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el caso que enfrentó a Marcel Claude Reyes contra el Estado de Chile. En dicha oportunidad, el organismo internacional declaró el acceso como un derecho fundamental. A su vez, extendió la discusión a la importancia de someter a las empresas de utilidad pública a esta regulación, de modo que la ciudadanía también tenga la posibilidad de acceder a la información que éstas administran.
Tras Allendes, fue el turno de Hernán Larraín, quien celebró la existencia de organizaciones de la sociedad civil como el Consorcio por la Transparencia, y aplaudió la iniciativa que ésta tuvo al proponer el proyecto legislativo. El senador manifestó la intención de la Comisión de Ética y Transparencia de dar prioridad e impulso a cuatro proyectos que, según explicó, definirán un marco adecuado para la Transparencia: las modificaciones de la Ley de Probidad, del rol e institucionalidad del Consejo para la Transparencia –se buscará fortalecer a la corporación–, la aprobación de la Ley de Lobby y la reforma que dará rango constitucional al Acceso a la Información.
Jorge Correa Sutil alimentó el debate al entregar una voz disidente. El abogado constitucionalista hizo patente su desacuerdo con el proyecto legislativo, al considerar que la consagración del acceso a la información en la Constitución no es la solución para superar los actuales obstáculos de su ejercicio.
Correa Sutil ejemplificó con las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre esta materia, específicamente frente al caso sobre los correos del ministro Larroulet –en el que Correa Sutil representó la defensa del Consejo para la Transparencia. Si bien el abogado no estuvo de acuerdo con el fallo del TC, aseguró que éste se trataba de un caso puntual. “El tribunal no declara inconstitucional el acceso a la información, sino que declara inaplicable un inciso de la ley para ese caso específico”. En esta línea, Correa Sutil sostuvo que no se sabe si ésta será la doctrine que adopte el TC en futuros casos. “Por ahora focalizaría el remedio en los correos, pero desde un ámbito reglamentario, no constitucional”.
El ex subsecretario del Interior dijo, además, que a través de la reforma constitucional, se sustraería el poder de la política en la materia, y se le entregaría al Tribunal Constitucional, lo que según desde su punto de vista, representa un problema, pues “se le estaría pidiendo políticas públicas a una institución que no es política”.
Por su parte, el ex ministro secretario general de la presidencia (Segpres) José Antonio Viera-Gallo, sí se manifestó partidario de lograr un acuerdo congruente entre la legislación y la Constitución, respecto al acceso a la información. Al respecto, el abogado expuso la necesidad de fortalecer el rol del Consejo para la Transparencia y, así evitar situaciones como las que se produjeron en los casos correos de Larroulet y Ubilla.
“Es importante que el Consejo para la Transparencia tenga autonomía constitucional para que no sea mirado con suspicacia por otro órgano público”, dijo Viera-Gallo.
Por otro lado, el ex ministro del Tribunal Constitucional sostuvo que la reforma constitucional “es útil”, pero tuvo reparos en cuanto a la redacción del proyecto que se encuentra en el Senado, pues éste mantiene intacta la regla que establece qué es público. Lo anterior en referencia a otros fallos del TC en que se permitió el acceso a información administrada por privados. Esta posibilidad se perdería, según Viera-Gallo, de aprobarse la reforma tal cual está escrita en el documento legal.
Alejandro Ferreiro fue el encargado de cerrar el debate. Tras advertir que su exposición sería a título personal y no en representación del Consejo para la Transparencia, afirmó que esta discusión de produjo por “la involución del Tribunal Constitucional respecto al criterio a utilizar ante el acceso a la información”.
“Es muy peligroso que se hayan puesto en duda los límites del acceso a la información, por parte del Tribunal Constitucional. Espero que haya sido un desliz”, dijo Ferreiro, quien agregó que, “es un riesgo que ese considerando (en los casos Larroulet y Ubilla) se transforme en doctrina”.
El consejero del CPLT sostuvo que es “razonable pensar en potenciar el acceso a la información” desde el rango constitucional. Esto, incluso, desde un aspecto simbólico, como dijo Ferreiro, quien apuntó a la relevancia de este derecho para la democracia.
Al finalizar las exposiciones, se dio paso a una breve ronda de preguntas a la que le siguió un conversado coffee break. El seminario marca un hito importante en la lucha del Consorcio por la Transparencia por el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.
FUENTE: Consocio por la Transparencia
