A mediados del año 2024, un brutal acto de violencia alteró la tranquilidad de una familia y requirió de una intervención jurídica especializada. El caso, que involucró el asesinato a sangre fría de un perro, el uso de armamento prohibido y un intento de obstrucción a la justicia, fue asumido por Fundación Pro Bono y derivado al estudio Sáez Abogados. Roberto Náquira, socio y director del área penal de la firma, lideró la investigación y representación legal que culminó en condenas de prisión efectiva.
El incidente tuvo lugar cerca de las 19:30 horas, en pleno horario de invierno. La dueña del animal se encontraba en el interior de su casa junto a sus dos hijas cuando escuchó un fuerte ruido proveniente del exterior. Al salir a inspeccionar, encontró a su mascota —un perro pastor australiano de un año y seis meses— muerto en el patio delantero tras recibir un disparo que le atravesó el cuello.
Momentos antes de la tragedia, una pareja transitaba por la calle junto a su hijo de aproximadamente tres años quien, según relataron los vecinos, se tropezó y parte de su cuerpo pasó a través de la reja de la propiedad. El perro que estaba dentro de la casa le propinó una rápida mordida, la cual le significó una lesión de dos puntos. Tras el incidente, el padre se dirigió a un centro médico con el menor. Sin embargo, posteriormente regresó al lugar portando una escopeta hechiza, introdujo el arma prohibida por la reja y disparó directamente contra el animal, provocándole una muerte instantánea antes de darse a la fuga.
«A sangre fría, básicamente, introduce la escopeta dentro de la casa y dispara contra el perro», relata Roberto Náquira sobre la crudeza del acto. «Como es una escopeta, la muerte fue instantánea (…) herida de bala, que le entró por el cuello y le salió por el otro lado», detalla el abogado.
El desarrollo del caso se tornó sumamente complejo cuando la pareja del agresor y madre del niño regresó al lugar de los hechos, asumiendo a viva voz ser la autora del disparo. Posteriormente, la mujer permitió el ingreso de Carabineros a su domicilio, a quienes entregó la escopeta hechiza y dos municiones adicionales. A raíz de esta confesión, fue formalizada por maltrato animal calificado, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones, quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional debido a su intachable conducta anterior.
No obstante, detrás de esta autoinculpación operaba un intento de encubrimiento. Al momento de los hechos, el verdadero autor del disparo se encontraba cumpliendo una pena de tres años y un día bajo el beneficio de libertad vigilada intensiva por un delito de receptación de vehículo cometido en 2023. Si era vinculado a un nuevo delito, perdería la pena sustitutiva y debería cumplir su condena anterior de forma efectiva.
«El rumor que se contaba para aquel entonces y que todavía no lo teníamos confirmado, era de que la pareja se habría echado la culpa porque el imputado (…) estaba cumpliendo una pena en libertad», explica Náquira.
La intervención del equipo de Sáez Abogados fue determinante para desentrañar la verdad. Ante la ausencia de cámaras de seguridad, el equipo querellante realizó un exhaustivo trabajo en el vecindario, logrando la colaboración de dos testigos fundamentales: una médica veterinaria que evaluó la escena y un vecino que presenció la dinámica exacta del disparo. Este último testimonio permitió, además, desmentir un supuesto forcejeo con el animal que la defensa del imputado intentó argumentar más adelante.
Debido al temor de los testigos ante posibles represalias por la presencia de armas de fuego, el estudio jurídico solicitó expresamente a la Fiscalía mantener en reserva sus identidades, garantizando así su protección. «Los testigos tenían miedo, efectivamente, como suele ocurrir en este tipo de casos donde hay armas de fuego involucradas y, sobre todo, porque es un sector pequeño», enfatiza el socio de Sáez Abogados.
Para asegurar su colaboración, «se los entregamos a la Fiscalía […] con la expresa solicitud de que tenían que estar reservadas las identidades», logrando el resguardo necesario para avanzar en la investigación.
Tras cerca de seis meses de indagatorias, y frente a la solidez de las pruebas recabadas, el Ministerio Público solicitó una nueva audiencia. La mujer fue reformalizada por obstrucción a la investigación por haber entregado antecedentes falsos, mientras que a su pareja se le imputaron los delitos principales, dictándose su prisión preventiva entre febrero y marzo de 2025.
Tras permanecer casi un año y medio privado de libertad e intentar revocar la cautelar sin éxito, el imputado decidió aceptar los cargos durante la etapa de preparación de juicio oral. En consecuencia, fue condenado a 541 días de privación de libertad por el porte de arma de fuego prohibida, 61 días por porte de municiones y otros 61 días por maltrato animal calificado. Adicionalmente, producto de estas nuevas sentencias, el tribunal fue notificado para revocar el beneficio de su condena anterior, obligándolo a cumplir los tres años de la causa de 2023 de manera íntegra y efectiva.
