Una oportunidad exclusiva para compartir íntimamente experiencias y desafíos del “Proyecto Inocentes” de Chile y Estados Unidos, fue el encuentro que sostuvieron estudios jurídicos miembros de Pro Bono y la co-fundadora y directora del Northern California Innocence Project (NCIP), Linda Starr.
Llevada a cabo en el estudio Rivadeneira Colombara Zegers, la reunión fue una instancia para conocer, de primera fuente, el funcionamiento, los casos de éxito y las dificultades que presenta esta iniciativa en Estados Unidos, la cual se creó en 2001 tras la aprobación de una nueva legislación en el Estado de California, que permitió a las personas condenadas demostrar su inocencia a través de pruebas de ADN. Desde entonces, el programa es ejecutado por la clínica de derecho penal de la Santa Clara University School of Law, apoyado por fondos privados.
La entidad, que logró su primera exoneración en 2002, sólo desde 2016 ha conseguido 166 exoneraciones. Este trabajo, explicó Starr, ha ido acompañado de una amplia agenda de reformas políticas y un trabajo de incidencia con stakeholders; entre ellos organizaciones, estudios de abogados y el cuerpo policial. Asimismo, de un esfuerzo de concientización de fiscales y de la sociedad civil en su conjunto.
Starr expuso las reformas más importantes en políticas públicas en las que ha incidido el NCIP y que han tenido relación con la grabación de procesos de interrogación; la veracidad de pruebas científicas; acceso a pruebas de ADN y compensaciones, dado a que en Estados Unidos, explicó, a diferencia de lo ocurrido en Chile, los casos revertidos por la justicia generalmente no implican una compensación económica para las víctimas.
En ese contexto, presentó algunos de los casos más emblemáticos asumidos por el organismo e hizo hincapié en cómo el sesgo racial está ampliamente presente en estas causas, donde han estimado que las personas de raza negra tienen 7 veces más probabilidades de ser encarceladas injustamente. En este punto, se refirió a las pruebas que han tendido a generar más errores en investigaciones, como han sido la identificación errónea por parte de testigos; perjuicio o falsas acusaciones; malas conductas de oficiales policiales y evidencia forense engañosa.
Los abogados miembros de Pro Bono, por su parte, hicieron una introducción a los casos asumidos en el “Proyecto Inocentes” de la Defensoría Penal Pública, el cual, a diferencia de Estados Unidos, se aborda a demostrar la inocencia de personas que estuvieron en prisión preventiva o cuyas detenciones fueron ampliadas injustificadamente.
