Ingrid de 35 años, es educadora de párvulos y cursa el tercer semestre de un Magíster en Gestión Educacional en una Universidad de Santiago. Ella y su pareja tienen un hijo lactante de tres meses a quien cuidan en común. Debido a la situación sanitaria, las clases del magíster se habían llevado a cabo solo de forma online, pero en diciembre de 2021 Ingrid fue citada en modalidad presencial a la cual ella acudió con su marido e hijo para que éstos se quedaran en alguna dependencia de la Universidad y así ella pudiera amamantar a su hijo cuando fuera necesario.
Sin embargo, al llegar a la Facultad le prohibieron el ingreso, aludiendo a que sólo se permitía a una persona y que, además, estaba prohibido ingresar con bebés. Ella intentó dialogar con los guardias del lugar y con el director del magíster, con el objetivo de encontrar una solución a su problema, pero solo tuvo respuestas evasivas. De este modo, su marido e hijo tuvieron que permanecer en el estacionamiento mientras ella estaba en clases, sin contar con un espacio adecuado de espera ni derecho a ingresar al hall o patio de la Universidad.
Ingrid presentó un reclamo a las autoridades de la casa de estudios, pero no tuvo respuesta. Siendo su única solución, dejar de asistir a clases presenciales por temor de volver a pasar por lo mismo y que su hijo deba esperar en el auto para recibir su alimentación. Por otra parte, ella señala que este no es el primer caso de esta índole y que en la Universidad no existen reglamentos ni protocolos sobre aquello.
Abrumada por esta situación, acudió a Fundación Pro Bono donde su caso fue derivado a nuestra red de miembros, siendo asumido por el estudio jurídico FerradaNehme a cargo del equipo formado por las abogadas Lucía Álvarez, Josefa Zambrano y Fernanda Skewes quienes la representaron ante la Universidad.
Luego de sostener una negociación con la casa de estudios, sin tener que recurrir a instancias judiciales, se acordó el envío de un comunicado a la comunidad universitaria donde la Universidad se disculpa por no permitirle el ingreso a la sede con su hijo y tercero de apoyo, y además se comprometen a realizar las acciones administrativas pertinentes para que se implemente un reglamento o protocolo que procure el ejercicio del derecho a la lactancia materna para hijos(as) de estudiantes y contar con un espacio adecuado para ello.
Para tener más detalles de este caso conversamos con las abogadas Josefa Zambrano y Lucía Álvarez. Este fue su testimonio:
¿Cuál fue su motivación para asumir la defensa del caso, podría contarnos brevemente en qué consistió?
El caso de Ingrid, estudiante de magíster y madre de un bebé de tres meses en aquel entonces, llegó a nuestro conocimiento luego de que en su casa de estudios sufrió discriminación para poder acceder a las dependencias junto con su bebé, basado en criterios relacionados con la emergencia sanitaria, que no consideraban la particular situación que vivía por el hecho de tener un hijo lactante. Cuando recibimos el caso en febrero de este año, nos llamó sumamente la atención la vulneración a sus derechos que sufrió Ingrid y su hijo por la falta de un criterio abordado desde la perspectiva de género, lo cual en una universidad en la que asisten muchas mujeres, estudiantes como trabajadoras, resultaba preocupante. Por lo mismo, y con la visión de nuestra patrocinada, trabajamos tanto para conseguir la reparación para Ingrid, que consistió en disculpas públicas por parte de la Universidad y la flexibilización para asistir a clases, como la obtención de medidas específicas para asegurar el derecho de las madres y sus hijos a la lactancia, para que el hecho de ser madres no implique un obstáculo al desarrollo de sus carreras.
A su juicio, ¿este caso tuvo elementos diferenciadores v/s otros, cuáles fueron?
A diferencia de otros casos, pudimos arribar a una solución satisfactoria para nuestra representada sin necesidad de tener que acudir a la justicia ordinaria, para ello nos basamos en conversaciones y propuestas con énfasis en la necesidad de contar con los procedimientos internos para poder abordar situaciones en las que se ven implicados los derechos de las mujeres madres, como también, la importancia de difundirlos en toda la comunidad universitaria, para así evitar problemas como los vivenciados por Ingrid.
¿Cuánto tiempo trabajó en esta representación y cuáles fueron las mayores complejidades que enfrentó?
Estuvimos trabajando con Ingrid alrededor de 5 meses. Los principales obstáculos que tuvimos fue la dificultad para mantener una comunicación fluida con las autoridades de la universidad, lo que se vio determinado por la salida de la casa de estudio de nuestro contacto principal, lo que en principio implicó un retroceso, pero que finalmente nos permitió conseguir las medidas reparatorias deseadas por nuestra representada.
Finalmente, ¿alguna reflexión personal que quisiera compartir sobre su experiencia en este caso pro bono?
El ejercicio de la profesión tiene la particularidad de que nos permite desarrollarnos en diversos ámbitos, no obstante, no debemos olvidar que trabajamos con personas, por ende, el conocimiento jurídico debe ir muy de la mano de una asesoría humana y comprensiva. En definitiva, lograr los objetivos de nuestros clientes dependerá también del nivel de comprensión y empatía que tengamos de su situación, especialmente en circunstancias tan sensibles como ocurrió en este caso, donde se ve involucrada la maternidad y el acceso a la educación. Asimismo, como mujeres, nos parece muy relevante poder aportar desde esta rama a la defensa de los derechos de las mujeres y conseguir medidas concretas para lograr la igualdad de género en todos los contextos.
