Una noche de año nuevo una niña de 7 años que vivía en la población Luis Matte de Puente Alto murió producto de un impacto de bala en su cabeza. Samuel, maestro de cocina de 37 años, fue acusado de haber ejecutado el disparo. Una vecina había echado a correr el rumor de que ella lo vio disparar como una manera de celebrar esa noche. Tras ello la PDI solicitó a la mujer ratificar sus dichos, lo cual derivó en la detención de Samuel y en que estuviera en prisión preventiva por 1 año y 9 meses.
Al momento del juicio oral la vecina reconoció haber mentido en su testimonio, lo cual se sumó a que no se encontró el arma, no se conocía la marca del cartucho ocupado, a que el informe balístico no era concluyente sobre su participación y que tampoco existía prueba científica de que Samuel hubiera disparado un arma. Por ello fue absuelto, sin embargo el Ministerio Público interpuso un recurso de nulidad.
Se llevó a cabo un segundo juicio, donde Samuel enfrentó cargos como autor de homicidio simple en la cual la Fiscalía solicitaba que fuera condenado a 7 años de cárcel. La testigo clave volvió a decir que mintió en su declaración inicial, porque dijo haber sido presionada por los funcionarios policiales. El Tribunal analizó su declaración para concluir “que no se trata de una testigo fiable”.
Samuel, quien tras ser absuelto en dos juicios hoy se encuentra en libertad tratando de retomar su vida, estuvo casi dos año en la cárcel, lugar en el que incluso perdió la dentadura por una agresión. El 19 de junio el estudio Garrido, Montt, Del Río & Krause asumió su caso de forma voluntaria. Aquí Soledad Krause, socia del estudio, nos cuenta más de este caso.
¿Qué los motivó a hacerse parte del caso de Samuel?
Nos parece que el Proyecto Inocentes es una iniciativa fundamental para obtener que aquellas personas que, como don Samuel, han sido injustamente afectadas por malas prácticas o errores en el funcionamiento del sistema penal y procesal penal sean reparados íntegramente. Asimismo, creemos que perseguir la responsabilidad patrimonial por tales errores tiende al perfeccionamiento del sistema, pues obliga a mejorar las prácticas y a un cambio de comportamiento futuro de los órganos públicos intervinientes.
¿Cómo evalúan el proceder de los distintos actores del Estado involucrados en este caso?
Asumimos recientemente la representación de don Samuel, y estamos recopilando todos los antecedentes relevantes para formarnos una opinión fundada acerca de lo sucedido. Lo que podemos señalar preliminarmente es que existen algunas conductas de los actores del sistema procesal penal que no satisfacen los estándares de diligencia que resultaban exigibles, sobre todo teniendo en cuenta los bienes jurídicos en juego.
¿Cómo ven hoy el momento o la situación por la que está atravesando su cliente?
Don Samuel recuperó su libertad y está intentando rehacer su vida, con todas las dificultades que ofrece haber atravesado por una experiencia como la que vivió. Se trata, no obstante, de un hombre con mucha fuerza y entereza.
¿Qué buscarán o cómo procederá ahora con su cliente?
Estamos estudiando los antecedentes fácticos y analizando, asimismo, las diversas acciones que podrían ser intentadas. Estamos examinando también cuáles han sido los pronunciamientos jurisprudenciales pasados en casos similares a los de don Samuel. Una vez finalizado ese estudio estaremos en condiciones de decidir cuál es la estrategia más conveniente para implementar en concreto y sugerirla a nuestro cliente.
¿Cuáles son las lecciones que creen se pueden sacar a partir de casos como estos?
No hay duda que la sociedad tiene la legítima expectativa de que se persigan y sancionen las conductas que atentan en contra de bienes jurídicos fundamentales y que es una prioridad de los órganos del Estado a cargo cumplir con esa función. Sin embargo, dada la gravedad de la herramienta penal y las consecuencias definitivas que puede ocasionar en la vida de una persona y su familia, obliga a que los intervinientes hagan un uso cuidadoso de su poder. Asimismo, es menester que se dé un respeto estricto a las garantías del procedimiento, y dentro de ellas, a la presunción de inocencia. La falta de cuidado o de respeto por esos estándares conduce a situaciones de error y/o negligencia como las que padeció don Samuel y que tan gravemente lo han afectado en su persona y patrimonio.
