En el contexto de un sistema sobrepasado, el deseo de una adolescente de ser adoptada por su madre de crianza se convirtió en el motor para superar los obstáculos burocráticos y consagrar el principio del interés superior del niño como un triunfo de la justicia y el amor.
Para Cristina y Alejandra, ser madre e hija nunca estuvo en duda (sus nombres han sido cambiados para proteger su identidad). Era un hecho forjado en la convivencia, el afecto y los cuidados diarios. Sin embargo, para la ley, su vínculo era precario, una realidad jurídica que no reflejaba el lazo inquebrantable que las unía realmente. A pocos meses de que Alejandra cumpliera la mayoría de edad, se inició un camino complejo para transformar un cuidado personal provisorio en una adopción definitiva.
La historia de esta victoria es también la crónica de una lucha contra un sistema lento e intrincado, una batalla que Fundación Pro Bono asumió como propia a través de su abogado voluntario, Lucas Dibán.
El primer gran obstáculo, relata Dibán, fue la puerta de entrada al sistema. «Llama profundamente la atención que Cristina solicitó hora al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia en febrero de 2024 para iniciar el proceso de idoneidad, y recién le dieron fecha para la primera entrevista en julio del mismo año», explica.
Ya con el certificado de idoneidad en mano, llegó el segundo desafío: el propio sistema judicial. «Ingresamos la solicitud de susceptibilidad de adopción en octubre de 2024 y nos citaron a audiencia preparatoria para siete meses después, en abril de 2025», detalla el abogado. La urgencia era evidente por la proximidad del cumpleaños de Alejandra, y tras este procedimiento aún quedaba pendiente el juicio de adopción final.
Cada solicitud para adelantar las fechas chocó contra el mismo muro. «Nos rechazaron dichas solicitudes cada vez que las presentamos, argumentando la falta de dotación de personal y el retraso de 120 días que tenía por default el Juzgado de Familia de Puente Alto», comenta Dibán, describiendo un sentimiento de impotencia.
En medio de la espera, el equipo legal tuvo que notificar por carta certificada a más de quince parientes de Alejandra y localizar a su madre biológica, sumando complejidad a un proceso que ponía a prueba su esperanza. Sin embargo, en el corazón del proceso judicial, la voz de Alejandra resonó con fuerza y su deseo de ser hija de Cristina fue el pilar que sostuvo todo el caso.
«Más que un precedente, la sentencia hace una estricta aplicación del principio de interés superior del niño y su derecho a ser oído», reflexiona Dibán. La opinión de Alejandra, expresada en audiencias reservadas, en su autonomía, fue clave. La magistratura valoró el vínculo socioafectivo, ese lazo invisible pero real, por sobre la biología o la burocracia, demostrando que la justicia puede y debe escuchar.
Para Lucas Dibán, esta victoria trasciende lo profesional: «Me deja una gran satisfacción ser miembro voluntario de la Fundación Pro Bono», afirma, destacando el trabajo en equipo que caracteriza a la organización. De hecho, por un viaje, no pudo asistir a las audiencias finales. Fue Beatriz Pino, líder del área de familia de la fundación, quien tomó su lugar. «Esto demuestra fielmente que Fundación Pro Bono es un tremendo equipo que se apoya y los objetivos se alcanzan debido a los distintos esfuerzos mancomunados».
A sus colegas que dudan en sumarse al voluntariado, Dibán les recuerda el compromiso adquirido al titularse. «Recuerden cuando juraron ante la Corte Suprema ‘desempeñar leal y concienzudamente la profesión’. Bueno, es justamente a través del voluntariado en Fundación Pro Bono donde podrán ejercer de esa forma, porque todas las personas tienen derecho de acceso a la justicia, y por qué no, a ser representados por abogados con verdadera vocación».
Hoy, Alejandra no solo tiene un apellido, tiene un derecho ratificado. Su historia y la de Cristina son un poderoso recordatorio de que, aunque el camino sea adverso, el trabajo pro bono es una herramienta fundamental para la justicia.
