El año 2013 Adrián fue formalizado por el delito de robo con violación y meses más tarde un examen de ADN demostró que era inocente. Luego de acudir al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y gracias a una alianza con Fundación Pro Bono, la cual posibilitó que el estudio Bofill Mir y Álvarez Jana asumiera la defensa de Adrián; la Corte Suprema ordenó el pago de una indemnización a su favor.
Este jueves 27 de enero la Corte Suprema dictó el fallo en el que revoca la sentencia apelada en 2018 y condena al Fisco de Chile al pago de 40 millones de pesos a favor del afectado, por concepto de daño moral.
El caso comienza en el año 2013 cuando Adrián Zarricueta es detenido y formalizado por el delito de robo con violación en La Serena, a causa de la acusación de una joven que había sido atacada mientras viajaba en un colectivo con destino a Peñuelas y lo identificó como su agresor. Meses más tarde, con el resultado del examen de ADN, que Adrián había accedido a realizarse mientras se efectuaba la audiencia de formalización; se demuestra la inocencia del imputado y este queda en libertad.
Tras una serie de instancias, la causa llegó a la Corte Suprema. La que acogió parcialmente la demanda por considerar que hubo una conducta injustificadamente errónea por parte del Ministerio Público en la demora de las diligencias del examen de ADN y su presentación al tribunal y condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización de 40 millones de pesos por el daño moral ocasionado al afectado.
Respecto a esta resolución, Carolina Contreras, Directora Ejecutiva de Fundación Pro Bono afirma que, “a través de este tipo de fallos se confirma la importancia de nuestra labor al buscar que todas las personas tengan acceso a la justicia. Y es precisamente en estos casos donde cobra sentido nuestra misión, puesto que logramos equiparar los poderes, dado que hubiese sido muy difícil para Adrián obtener este resultado sin el apoyo del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana y sus abogados que llevaron el caso de forma gratuita”.
En tanto, Adrián Zarricueta relata que recibió el fallo con esperanza: “Lo esperaba, fue largo el proceso, pero teníamos confianza. Se dice que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero en mi caso no fue así. Siento que la Fiscalía debe investigar mejor. Hay muchos casos como el mío, y la gente no puede demandar porque no tienen pruebas ni el dinero suficiente”.
Largo camino para obtener justicia
En 2016 Adrián acude al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública (DPP), esta iniciativa busca que personas que estuvieron injustamente involucradas en casos judiciales por error del sistema cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y público sobre su inocencia. A través de una alianza entre el Proyecto Inocentes y Fundación Pro Bono el caso es aceptado por la Fundación, siendo asumido por el estudio jurídico Bofill Mir y Álvarez Jana quienes a través de los abogados Catalina Fernández y Cristóbal Valenzuela iniciaron acciones civiles en defensa de Adrián.
Conversamos con Karen Werner, socia del área de Litigios Civiles y Comerciales del estudio que llevó el caso para conocer su opinión frente a este fallo. 
¿Cuál fue la motivación del estudio para asumir la representación de este caso? Lo vemos como una oportunidad para mejorar el acceso a la justicia, en definitiva para ayudar a emparejar la cancha de aquellos que de otra forma no tendrían esas oportunidades. Es justamente este tipo de casos el que nos permite como oficina y a nuestros abogados y abogadas reafirmar nuestro compromiso social y con la profesión. A través de nuestro trabajo podemos entregar herramientas a quienes de otra forma no podrían tener acceso a ellas.
¿Qué significa para ustedes haber logrado que la Corte Suprema acogiera parcialmente la demanda y condenara al Fisco al pago de una indemnización a favor de don Adrián Zarricueta? Creemos que defender la Inocencia de don Adrián fue siempre lo más importante, no sólo conseguir una compensación económica por los daños que sufrió, sino que darle a don Adrián y a su familia la tranquilidad de que se hizo justicia en un caso muy complejo. Además, nos llena de orgullo haber colaborado en conseguir uno de los pocos precedentes en esta materia, que sirva para impedir que otros casos de acusaciones en contra de personas inocentes puedan terminar con daños tan profundos como los que sufrió don Adrián.
¿Qué habría que mejorar en el sistema penal chileno para que no ocurran más casos como el de don Adrián Zarricueta? Nos parece que la sentencia dictada por la Corte Suprema es un precedente muy importante, que permite insistir en la importancia de que la persecución penal se lleve adelante con pleno respeto a las garantías de los inocentes. La labor de los fiscales debe ejecutarse siempre con el mayor respeto al principio de inocencia. Ello, sin duda, implica un gran compromiso del Ministerio Público respecto a la eficiencia que deben demostrar en la ejecución de diligencias y también un compromiso del Estado, que debe asegurar los recursos humanos y económicos para garantizar mejores y más completas investigaciones penales.
