La Comunidad Edificio Unión Española y la Ilustre Municipalidad de Santiago fueron condenadas en primera instancia al pago de 200 millones de pesos por indemnización de perjuicios, tras un accidente causado por la caída de un bloque de estuco que se desprendió del edificio y cayó sobre el conductor de una camioneta ocasionando graves lesiones.
En el año 2016, Sergio, asistente administrativo y técnico de diseño e iluminación de la Corporación Cultural de la Reina, transitaba por calle Moneda hacia el poniente cuando luego de cruzar la intersección de las calles Moneda y Matías Cousiño, un bloque de estuco cayó desde el edificio Unión Española sobre la camioneta en que se desplazaba provocando graves lesiones.
A raíz del accidente, la víctima quedó inconsciente, perdió el control del vehículo y se estrelló contra una farmacia atropellando de forma involuntaria a seis personas. Afortunadamente, Sergio logró salir del estado de gravedad en que se encontraba, para luego iniciar un largo proceso de recuperación que lo mantiene hasta el día de hoy con tratamiento médico y terapéutico, debido a los graves daños sufridos.
Con la finalidad de lograr una reparación al daño causado, el año 2020 acudió a Fundación Pro Bono para pedir ayuda legal. El caso fue recibido y derivado a la red de miembros siendo asumido por el estudio jurídico Bofill Mir & Alvarez Jana, actualmente Jana & Gil, a cargo de los abogados José Tomás Hirsch, Karen Werner y Cristóbal Valenzuela.
El equipo legal presentó una demanda por indemnización de perjuicios en contra de la Sociedad Comunidad Edificio Unión Española y la Ilustre Municipalidad de Santiago. Esta acción legal se sustenta en el actuar negligente consistente en la omisión de las reparaciones que la Comunidad debía realizar a la fachada del edificio, y en la falta de una fiscalización adecuada por parte de la Municipalidad.
Luego de más de dos años de juicio, en diciembre de 2022, se acogió parcialmente la acción interpuesta condenando a los demandados a pagar la suma de $200.000.000 por daño moral.
*Es importante señalar que la tramitación del caso aún no ha concluido, aún falta que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revise y resuelva los recursos de apelación interpuestos por las demandadas en contra de la sentencia definitiva.
Conversamos con los abogados Tomás Hirsch y Karen Werner para conocer los aspectos más relevantes de este caso:
1. ¿Cuál fue su motivación para asumir la defensa del caso, podrían contarnos brevemente en qué consistió?
Nuestra motivación para tomar el caso consistió en dos cuestiones principales. En primer lugar, que Jana & Gil -y también Bofill Mir & Alvarez Jana, antecesora de Jana & Gil- ha mantenido hace años un compromiso con la Fundación Pro Bono, por lo que, dentro del marco de esta relación, nos interesó de inmediato tomar un caso tan emblemático como el de Sergio. En segundo lugar, nos motivó tomar el caso de Sergio por la gravedad de la situación vivida por él. Somos de la opinión que, como abogados litigantes, debemos emplear nuestras habilidades no sólo para el ejercicio privado de la profesión, sino que también para asistir a quienes no tienen los medios para costear un abogado particular, y especialmente en casos tan severos como el de Sergio.
2. A su juicio, ¿este caso tuvo elementos diferenciadores v/s otros, cuáles fueron?
En un plano más humano, en este caso forjamos una relación de apoyo y de cercanía con Sergio, quien nos consta que ha sufrido mucho a causa del accidente. En lo jurídico, este caso tiene dos particularidades importantes. En primer lugar, que la sentencia le concedió a Sergio una indemnización por concepto de daño moral por 200 millones de pesos, lo que constituye una cifra altísima para casos de esta naturaleza, y especialmente en casos donde la víctima permanece con vida y con secuelas. En segundo lugar, el caso es llamativo en lo jurídico porque el Tribunal, además de condenar a la Administración del Edificio, condenó solidariamente también a la Municipalidad de Santiago, estableciendo que existió simultáneamente negligencia por parte de la Administración y falta de servicio por parte de la Municipalidad, lo que es muy importante.
3. ¿Cuánto tiempo trabajaron en este caso, cuáles fueron las acciones legales realizadas y las mayores complejidades que enfrentaron?
La demanda civil fue interpuesta en septiembre del 2020, y la sentencia definitiva fue dictada en diciembre del 2022, por lo que el caso tardó un poco más de dos años – haciendo la salvedad que la tramitación del caso aún no ha concluido, puesto que falta que la Corte de Apelaciones de Santiago revise y resuelva los recursos de apelación interpuestos por las demandadas en contra de la sentencia definitiva. Nuestra labor consistió en llevar toda la defensa del caso, desde la redacción de la demanda hasta terminar con la rendición de toda la prueba, redactando escritos. Por último, este fue un juicio que se llevó casi en su totalidad en pandemia: nos tocó tomar casi toda la prueba de manera remota, incluso con peritajes psicológicos, por lo que fue para nosotros una gran experiencia y una demostración que una tramitación más electrónica y moderna es posible y se pueden conseguir buenos resultados.
4. Finalmente, ¿alguna reflexión personal que quisieran compartir sobre su experiencia en este caso pro bono?
Ha sido muy gratificante poner a nuestra oficina al servicio de un caso como éste. Es nuestro deber utilizar nuestras habilidades para asistir a quienes necesitan representación jurídica. El trabajo con Sergio nos dejó claro que nuestro esfuerzo y duro trabajo no fue en vano, e invitamos a más abogados a asumir el desafío de trabajar con la Fundación Pro Bono.
