Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, escribió sobre la alianza que cumplió 10 años ayudando a personas que fueron privadas de libertad por delitos que no cometieron. Originalmente fue publicada aquí, pero puedes leer la columna a continuación:
En el sistema de justicia penal existen casos desgarradores de personas inocentes que son condenadas y privadas de su libertad injustamente. En medio de estas situaciones, el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública de Chile (DPP) se alza como un faro de esperanza, trabajando arduamente para rectificar estos errores.
A 10 años de su comienzo -en el cual la Fundación Pro Bono ha desempeñado un papel fundamental- duele saber que todavía existen personas a las que el sistema, que se supone las debía proteger, los condenó siendo inocentes. Y es ese, en esencia, el compromiso que nos ha llevado durante esta década -desde agosto de 2013- a establecer una alianza de colaboración entre Fundación Pro Bono y la DPP, para fortalecer los recursos y el apoyo para la labor del Proyecto Inocentes.
Durante el 2016 y 2023, Fundación Pro Bono ha recibido un total de 9 casos del Proyecto Inocentes por privaciones de libertad. Es la DPP quien deriva los casos a la fundación y son casos de personas que estuvieron encarcelados por cuatro días hasta personas que pasaron 1 año, 9 meses y 8 días en prisión por ser acusados de un delito que no cometieron (ver la línea de tiempo). En algunos casos, incluso, alcanzando sentencias favorables que condenan al Estado chileno a indemnizar a las víctimas por daño moral. Lamentablemente, no siempre se puede alcanzar este tipo de condenas, ya que las víctimas prefieren no persistir, para no revivir la situación por la que pasaron.
Y es que no existe sistema judicial infalible en el mundo. Lo importante es cómo el sistema corrige sus errores. En Chile, las personas tienen que iniciar una larga y ardua batalla en busca de justicia. Muchas veces imposible de sobrellevar por la persona que está sufriendo su situación. En otros países se ha avanzado con modelos en donde el procedimiento de exoneración es simple tras la rectificación de los hechos, en búsqueda de poder aliviar el dolor de manera ágil.
Pero la confianza ha caído fuertemente en casi todo el mundo, especialmente en Chile. Según la encuesta Gallup de 2020, que revisó la confianza de los países de la OCDE en el Sistema Judicial y las Cortes, Chile aparece último en el ránking con una confianza que no sobrepasa el 15% de los encuestados que confían positivamente en la justicia chilena. En 2010, según la misma encuesta, esa cifra alcanzaba el 34% de visión positiva. El segundo país en donde más descendió la confianza, después de Turquía.
La realidad que se vive en Chile es angustiante. Así quedó claro en la última cuenta pública de la gestión institucional 2022 de la Defensoría Penal Pública, liderada por Carlos Mora Jano, Defensor Nacional. 66 mil 112 personas imputadas (24,7% del total de causas) durante el 2022 fueron declaradas inocentes o no condenadas. Y la causa más frecuente fue la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación en 42 mil 182 casos (63,9 %). Además, en 11.947 de las causas (18,1%), los imputados fueron absueltos en juicios orales; mientras que en 11 mil 228 (17,1%), se decretó el sobreseimiento definitivo.
En esta línea, el defensor nacional indicó que de las personas que mantuvieron su estado de inocencia durante el 2022, 1.782 estuvieron privadas de libertad durante el proceso en su contra. No es algo nuevo. La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que –eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción y serán absueltas de todo cargo.
Pro Bono y Proyecto Inocentes
Llevar adelante este tipo de casos no es fácil. Se trata de una tarea de largo aliento y que, normalmente, implica revictimizar a las personas en las penurias que tuvieron que pasar. Es por esa razón que muchas de las causas que se levantan en búsqueda de reparación terminan truncadas. Incluso, a veces, la reparación llega con el simple hecho de hacer conocida la situación en los medios de comunicación, en vez de seguir el camino judicial.
La revictimización judicial es un fenómeno preocupante que ocurre cuando las víctimas de delitos o injusticias son sometidas a experiencias adicionales de trauma y malestar durante su participación en el sistema de justicia. Es una realidad que los abogados de estudios jurídicos miembros de Fundación Pro Bono han enfrentado en cuatro ocasiones, donde a pesar de haber obtenido la representación de un abogado, los clientes pro bono prefieren no perseverar en su causa.
En el resto de los casos, Fundación Pro Bono ha encauzado el procedimiento en búsqueda de una reparación concreta por parte del Estado, incluso consiguiendo fallos a favor relevantes. Por ejemplo está el caso de una persona que fue incorrectamente acusada de robar y abusar sexualmente de una mujer en Coquimbo, por lo que estuvo casi tres meses en prisión preventiva. Fue un simple examen de ADN, además de encontrarse a cientos de kilómetros del lugar del suceso, que dieron prueba de su inocencia.
Son casos con muchas dificultades, pero que para los estudios jurídicos miembros de la fundación se transforman en algo más que un caso pro bono. Así lo asegura Pablo Jullian, abogado y coordinador Pro Bono de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), quienes actualmente se encuentran en la etapa preparatoria de una causa del Proyecto Inocentes:
“Para PPU, llevar casos y defensas de esta índole es un desafío relevante, que nos entusiasma y compromete. Lo anterior debido a que implica prestar asistencia legal y judicial a personas que han tenido asesorías muchas veces deficientes, tanto en lo técnico como humano. Por lo mismo, el foco está en mejorar las expectativas y experiencias asociadas a la asesoría jurídica”, asegura Jullian, abogado asociado de PPU y con experiencia en resolución de conflictos.
Son causas que, por su origen y connotación social, toman una relevancia mayor a nivel social, pero también a nivel interno. Y es que la importancia de tomar causas pro bono para el Proyecto Inocentes es innegable, permitiendo que personas vulnerables y -muchas veces- marginadas, puedan acceder a una defensa adecuada. De hecho, para María de los Ángeles Juillerat, abogada asociada de PAGBAM, llevar un caso del Proyecto Inocentes se trata de un honor y responsabilidad mayor:
“Todas las personas deberían tener derecho a poder tener su defensa en términos generales y en todo tipo de asunto legal. El factor monetario no debería ser un impedimento para que las personas puedan ejercer sus derechos y se sientan protegidas por este sistema que, en estos casos, ya les causó disolución”, asegura Juillerat.
Sobre eso mismo, Pablo Jullian cree que por medio del análisis legal y estratégico serio que se entrega a través de las derivaciones de Fundación Pro Bono se contrarresta la falta de justicia que existieron en estos casos. “Así, se colabora en que la persona efectivamente acceda a la justicia, proceso que no debiese ser una experiencia traumática, como muchas veces resulta serlo”, concluye el abogado.
Un enfoque regional
En América Latina, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío fundamental para millones de personas. A pesar de los avances realizados en la región en términos de legislación y protección de los derechos humanos, la brecha de equidad en el acceso a la justicia se ha convertido en una preocupación cada vez más apremiante. Un área en la que, desde la Red Pro Bono de las Américas, estamos intentando incidir de forma más directa.
Y es que la realidad está siendo más cruda de lo que vemos a nivel nacional. Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que solo el 40% de la población latinoamericana tiene acceso efectivo a la justicia. Esto significa que más de la mitad de los ciudadanos se encuentran excluidos o tienen un acceso limitado al sistema de justicia formal. Esta disparidad afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables y marginadas, como los pobres, las comunidades indígenas, las mujeres y los grupos minoritarios.
La falta de acceso a la justicia no solo se debe a barreras económicas, sino también a obstáculos estructurales y culturales. Los altos costos de los servicios legales privados, junto con la escasez de defensores públicos, crean una brecha significativa entre aquellos que pueden pagar asesoramiento legal y representación y aquellos que no pueden. Como resultado, quienes tienen recursos financieros suficientes pueden acceder a un sistema de justicia más eficiente y con mayores garantías, mientras que aquellos en situación de vulnerabilidad quedan atrapados en una red de inequidad.
Además de los desafíos económicos, existe una falta de información y conciencia sobre los derechos y recursos legales disponibles. Muchas personas desconocen sus derechos y no saben cómo acceder a la justicia cuando se encuentran en situaciones de injusticia. Esto refuerza la brecha de equidad y perpetúa la marginalización de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó que la brecha entre aquellos que son atendidos por el sistema de justicia pública y quienes quedan fuera del sistema privado está creciendo. En muchos casos, el sistema de justicia pública se ve sobrecargado, lo que resulta en retrasos procesales y una falta de acceso efectivo a servicios legales. Por otro lado, aquellos con recursos suficientes pueden recurrir al sistema privado, que generalmente es más rápido y brinda una representación legal de mayor calidad. Esta brecha en la calidad y velocidad de los servicios legales amplía aún más la desigualdad en el acceso a la justicia.