En los tiempos que corren, en que el individualismo parece acrecentarse, avivado por marcadas ideologías y el uso de nuevas tecnologías, aún existen espacios que nos recuerdan la existencia viva y clara de la humanidad. Espacios donde la colaboración no es una opción, sino el pilar fundamental sobre el cual se construye un futuro más justo, como la Red Pro Bono de las Américas, que logra ese objetivo a nivel continental.
Hace tres años, un grupo de nosotros se sentó a la mesa, no solo con una preocupación, sino con una hoja de ruta. Observábamos con inquietud las crecientes dificultades que distintas organizaciones sociales enfrentaban en Centroamérica, que se veían sistemáticamente paralizadas por políticas restrictivas o, simplemente, la falta de estas. Estas entidades, tienen un valor muy grande, porque constituyen el tejido de nuestras comunidades y las conectan con el mundo en búsqueda de sus objetivos.
Lo que comenzó como un análisis enfocado en una subregión, lamentablemente, se reveló como el síntoma de una dolencia continental. Se trata de disposiciones legales, trabas administrativas y decisiones gubernamentales que estaban, en la práctica, entrampando el invaluable aporte que la sociedad civil realiza día a día para subsanar aquellas carencias que el Estado no siempre puede cubrir.
Hoy, el desafío de la reducción del espacio cívico no solo se ha intensificado en Centroamérica, sino que se ha expandido por todo el continente. Vemos cómo, en distintos países, se levantan barreras que dificultan la creación, operación y financiamiento de fundaciones, corporaciones y asociaciones sin fines de lucro, precisamente aquellas que trabajan por los más vulnerables, por la protección del medio ambiente, por la cultura, por la educación y, como nosotros, entregar acceso a la justicia a quienes no pueden acceder a esta.
Frente a este panorama, no podíamos permanecer como meros espectadores. Como Red Pro Bono de las Américas —una alianza compuesta por 20 iniciativas pro bono en 17 países del continente— decidimos pasar de la preocupación a la acción coordinada. Institucionalizamos un ambicioso proyecto de fortalecimiento del espacio cívico, a través del alma de nuestra misión: el voluntariado legal.
Así hemos desplegado un arsenal de herramientas jurídicas. Abogadas y abogados de las américas, comprometidos con el bien común, han donado su tiempo y su talento para desarrollar seminarios, guías legales y asesorías directas para modificar estas políticas restrictivas. El objetivo es claro: entregar la información necesaria y oportuna que permita a las organizaciones de la sociedad civil navegar estos complejos marcos regulatorios y, así, seguir cumpliendo con sus fines esenciales.
Pero el desafío no termina ahí. A la par de los obstáculos regulatorios, ha surgido una segunda amenaza, igualmente grave: la contracción de la cooperación internacional. Los recortes en el financiamiento, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de otras naciones y organismos, han perjudicado severamente la capacidad de actuación de la sociedad civil.
Nuestra respuesta, una vez más, ha sido la colaboración. En alianza con otras prestigiosas instituciones internacionales, hemos emprendido un profundo levantamiento de información jurídica. Estamos analizando y comparando los marcos legales de todo el continente que permiten a las organizaciones sin fines de lucro desarrollar actividades económicas. Si bien las donaciones siempre serán un componente importante, creemos firmemente que fortalecer la autonomía financiera de la sociedad civil es clave para su resiliencia y su impacto, que va en directo beneficio de las personas.
En un mundo que a menudo nos empuja al aislamiento, nuestro trabajo es un testimonio diario de que la unión de voluntades puede derribar muros, aclarar incertidumbres y, en definitiva, proteger el espacio que todos compartimos. Es la prueba fehaciente de que, incluso en los tiempos más complejos, la humanidad, organizada y comprometida, encuentra siempre la manera de prevalecer.
Columna publicada originalmente en LIR.
