Un cuarto de siglo puede parecer un instante, pero para Fundación Pro Bono ha sido un período que ha permitido tejer una red importante de abogados y abogadas dispuestas a mejorar el acceso a la justicia en Chile. Hoy son más de 2 mil, pero cuando comenzó, no eran más de 10 profesionales.
Todo comenzó con una pregunta incómoda en las conciencias de este grupo de abogados: ¿Qué pasa con las voces que se pierden en el laberinto legal por falta de recursos? ¿Se resignan? Movidos por una convicción ética que trascendía la letra fría de la ley, decidieron actuar. Como soñaba su socio fundador y presidente de su Consejo Consultivo, Pablo Guerrero, no solo buscaban ayudar, sino «provocar un cambio en la cultura legal».
Y es que el desafío del acceso a la justicia es complejo. Si bien el Estado provee de asistencia legal, estas enfrentan limitaciones significativas en cobertura, recursos y especialización, dejando a sectores vulnerables sin representación adecuada. Es precisamente en este espacio donde el voluntariado legal, realizado por estudios jurídicos, gerencias legales y consultoras, emerge como una respuesta crucial y complementaria desde el sector privado. «Es esencial para apoyar que personas con altas necesidades y menos recursos reciban asistencia legal de calidad», afirma Nicole Nehme, socia de FerradaNehme y miembro del Consejo Consultivo, «y para mantener el compromiso de abogadas y abogados con el bien público, la justicia y la igualdad de oportunidades».
La falta de acceso a la justicia puede erosionar la confianza en el Poder Judicial. El trabajo pro bono, al ofrecer una vía tangible hacia la resolución de conflictos y la defensa de derechos, actúa como un contrapeso, reforzando la legitimidad del sistema. Operando bajo un eficiente modelo de clearinghouse, Fundación Pro Bono actúa como un puente entre una gigantesca red del mundo privado y las personas que necesitan ayuda. Este modelo no sólo canaliza ayuda, sino que, como apunta Patricia Silberman, socia de Carey y miembro del Consejo Consultivo, ha permitido «profesionalizar este tipo de trabajo, generar mecanismos de coordinación (…) y promover una cultura de compromiso con el acceso a la justicia». El éxito de este enfoque ha trascendido fronteras, inspirando iniciativas similares en Argentina, Perú y Brasil, entre otros a través de la Red Pro Bono de las Américas.
El impacto de esta labor es creciente. Lo que por un lado es impresionante por el notable desempeño de los voluntariados, pero preocupante por la necesidad de las personas y organizaciones sociales a acceder a asesorías legales. Anualmente, la Fundación gestiona más de 1.500 casos; cifra que ha experimentado un aumento, especialmente tras la pandemia, que no sólo afecta a los sectores tradicionalmente vulnerables, sino también a segmentos de la clase media que enfrentan barreras económicas.
“Cuando la Fundación empezaba a funcionar recién existía en nuestro país una legislación que reconociera y sancionara la violencia intrafamiliar, pero no había asistencia legal del Estado (…) en ese momento la Fundación tuvo un rol muy importante”, dice Pablo Guerrero.
Para Nicole Nehme, estas “necesidades legales se han multiplicado y complejizado, así como ha aumentado la especialización y se han creado nuevas áreas y subáreas en el ejercicio de la profesión. Eso da cuenta de la importancia de incentivar el voluntariado legal para esta amplia gama de actividades”.
«Hoy enfrentamos nuevos desafíos jurídicos vinculados a materias como derechos digitales, sostenibilidad, inclusión, equidad de género y migración», sostiene Patricia Silberman. Es por eso que el voluntariado legal ha tenido que adaptarse. Además de complejos casos de asuntos de familia, la Fundación revisa temáticas migratorias, de acceso a medicamentos de alto costo, arbitrajes y hasta ayudar a quienes han sido injustamente acusados de un crimen a través del Proyecto Inocentes, entre otros programas como el de educación legal y educación cívica a niños, niñas y adolescentes.
Ese es el legado de estos 25 años, dice la directora ejecutiva, Eva Méndez: “Es entregar certezas donde no existe, una ayuda continua que contribuya a forjar una comunidad legal más consciente de su rol social y como resultado una sociedad con mayor cohesión”, concluye.
Mirando hacia el futuro y la consolidación de una cultura pro bono, un proyecto brilla con luz propia: el Desafío Pro Bono. Esta iniciativa convoca a estudiantes de derecho a desarrollar proyectos innovadores que aborden problemáticas socio-jurídicas. "Me gusta mucho porque permite plantar la semilla del pro bono en aquéllos que recién comienzan su carrera", comenta Guerrero. Silberman resalta su valor para "instalar en la etapa temprana (...) una comprensión profunda del rol social del derecho", asegurando la sostenibilidad del compromiso voluntario. Nehme lo ilustra con un proyecto reciente enfocado en la protección de datos digitales para adultos mayores vulnerables, un ejemplo del "enorme alcance (...) y de su innegable proyección a futuro".
Este artículo fue publicado originalmente en The Legal Industry Reviews Chile
