Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, habló en la revista Legal Industry Reviews sobre el Proyecto Inocentes, una colaboración entre la Defensoría Penal Pública y Fundación Pro Bono que este año cumplió 10 años ayudando a buscar justicia a personas que estuvieron en prisión por delitos que no cometieron. Puedes leer el texto original aquí o a continuación:
En el mes recién pasado, el Proyecto Inocentes cumplió 10 años de existencia. Una iniciativa emblemática en la sociedad chilena, impulsada por la Defensoría Penal Pública en donde Fundación Pro Bono colabora llevando casos, en búsqueda de encontrar justicia a quienes han sido injustamente acusados o condenados por el sistema judicial. A través de la asesoría legal y el firme compromiso con el acceso a la justicia, este programa juega un papel crucial en la reivindicación de los derechos de quienes han sufrido una vulneración por parte del sistema judicial y en la construcción de un sistema legal más equitativo. Un hito que no solo representa un momento para aplaudir los logros alcanzados, sino también para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos en la búsqueda de la justicia.
Durante la cuenta pública de la gestión institucional 2022 de la Defensoría Penal Pública, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, reveló que un 24,7% (66.112 personas) de los imputados durante ese período fueron declarados inocentes o no condenados. Según las estadísticas de la institución, de los acusados que estuvieron privados de libertad durante la investigación penal, 5.594 recibieron penas sin cárcel.
Esto demuestra la existencia de un problema subyacente en el sistema judicial, donde se tiende a solicitar la prisión preventiva de manera más frecuente de lo necesario. De hecho, al analizar las cifras oficiales, el año pasado se decretó la medida cautelar más severa en 20,723 casos (7.7%), lo cual representa un aumento en comparación con años anteriores. En 2020 y 2021, las causas en las que se impuso la privación de libertad alcanzaron el 5.1% y 4.9%, respectivamente.
Esta forma de proceder genera un problema aún mayor. Cuando se encarcela a un inocente, se deja de buscar al verdadero responsable, y es en ese punto donde la justicia deja de cumplir su función. Se comete una doble infracción: se detiene a un inocente mientras el verdadero culpable sigue en libertad. Para evitar que el Estado ponga en riesgo su capacidad de perseguir a los infractores, es necesario reducir el sobreuso de la prisión preventiva. En muchas ocasiones, cuando se detiene a una persona, se relaja la investigación y se la considera responsable del hecho de antemano.
Entendemos que ningún sistema judicial del mundo está libre de cometer errores. Es por eso que es fundamental e imperativo que podamos avanzar hacia un modelo en el cual el Estado, al reconocer y admitir sus errores, sea capaz de corregirlos de forma eficiente. Esto implica no obligar a las personas afectadas a tener que pasar nuevamente por un sistema que previamente les ha fallado, evitando así la revictimización y el sufrimiento adicional que esto conlleva. Al implementar este enfoque, se busca garantizar la justicia y el respeto hacia los derechos de las personas, brindándoles una solución efectiva que les permita recuperar la confianza en las instituciones, algo esencial para la paz social.
