Por Eva Méndez, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono.
La Ley Karin, que entrará en vigencia pronto, representa no solo una modificación del marco legal en torno al acoso laboral, sino también un desafío cultural dentro de las organizaciones chilenas. Esta ley se une a iniciativas anteriores, como la Ley N° 21.153, que sanciona el acoso sexual en lugares públicos, ambas jugando un papel crucial en la remodelación de las interacciones cotidianas y en la promoción de un entorno más seguro y respetuoso, tanto en los lugares de trabajo como en los espacios públicos.
Y es que desde que se anunció su implementación, la Ley Karin ha obligado a las empresas a reevaluar y ajustar sus políticas internas y mecanismos de denuncia. Este cambio normativo ha exigido un replanteamiento de prácticas arraigadas, mostrando que la adaptación a nuevas normativas no es simplemente un proceso legal, sino profundamente cultural.
Además, el impacto de la ley en la cultura corporativa se extiende más allá de las políticas formales, está redefiniendo las normas sociales y las expectativas en el lugar de trabajo. La ley ha impulsado un debate más amplio sobre el respeto y la dignidad en el ambiente laboral, contribuyendo a un cambio gradual pero perceptible en cómo las distintas personas, independientemente de su cargo, tanto al interior de la empresa como aquellas externas relacionadas a ella, interactúan entre sí.
El ejemplo de la ley que prohibió los “piropos” en espacios públicos puede ser tomado como modelo en este tipo de modificaciones. Fue fundamental en la redefinición de conductas antes vistas como meros actos de “galantería”, como algunos argumentaban en la época. Al tipificar el acoso sexual callejero se impusieron sanciones que han llevado a una reducción notable de actitudes previamente normalizadas.
En esencia, diariamente vivimos situaciones que vamos normalizando. Todos podemos saber qué es incorrecto, qué puede incomodar o, incluso, dañar a una persona. Mientras la cultura de la empresa y de las instituciones públicas, por más pequeña o grande que sea, lo permita, es tolerable. Es por eso que la ley viene a poner límites en algunos ámbitos y no solo establece sanciones, sino que promueve una aproximación preventiva, obligando a las organizaciones a ser proactivas en la erradicación del acoso.
La reacción de las empresas ha variado significativamente, algunas ya tenían sus manuales internos y procedimientos listos, integrando programas de capacitación extensivos que no solo abordan el acoso directamente, sino que también promueven la diversidad y la inclusión; sin embargo, otras todavía luchan por ajustar sus estructuras y políticas internas a los requisitos de la ley, enfrentando desafíos tanto en la implementación como en la modificación de la cultura corporativa existente.
Son cambios que para algunos contextos serán más difíciles de llevar adelante. Para aquellas organizaciones que buscan adaptarse, transformando sus normativas y profundizando la educación y sensibilización sobre estas temáticas, Fundación Pro Bono ofrece su apoyo a través del voluntariado legal. Las reglamentaciones como la Ley Karin y la Ley N° 21.153 han generado ajustes significativos en el marco legal y en las dinámicas sociales y culturales de Chile. Estas normativas fomentan un ambiente de respeto y seguridad, promoviendo una reestructuración progresiva hacia una sociedad más consciente y respetuosa.
Contamos con expertos dispuestos a asistir en la implementación de estas leyes y en la capacitación sobre sus implicancias y mejores prácticas para fomentar un ambiente laboral y público libre de acoso. Invitamos a todas las entidades interesadas a acercarse y aprovechar los recursos que ofrecemos para asegurar una transición efectiva hacia esta nueva normativa.
Esta columna fue publicada en El Mercurio Legal.