La educación legal es clave en la lucha para disminuir la brecha en el acceso a la justicia. Lamentablemente, en el último tiempo hemos visto cómo esta ha sido nula en algunos círculos sociales y de no tomar cartas en el asunto, entregando lo necesario para que la población se instruya, puede tener un resultado nefasto para la confianza en el sistema.
Por Paulina Corral, abogada y coordinadora de vinculación con el medio de Fundación Pro Bono.
El acceso a la justicia es un derecho recurrente en la temática de los derechos fundamentales. Es común escuchar en la discusión pública su importancia, especialmente respecto a grupos en situación de vulnerabilidad. Tradicionalmente, se ha entendido “desde una perspectiva institucional y procedimental, incorporando el derecho a recurrir a tribunales, al debido proceso y a contar con asistencia letrada”.
Al respecto, el ministro Ricardo Blanco en su discurso de inauguración del año judicial del 2024, sostuvo tajantemente que: » … no es posible concebir una función jurisdiccional plena si esta no contempla entre sus pilares el acceso a la justicia para todas las personas, sin discriminación». Y es que hoy, el acceso a la justicia tiene una mayor amplitud y alcance, como es el empoderamiento legal y el acceso a la información y educación en estas materias.
En efecto, ¿cómo pedir a nuestros ciudadanos que gestionen con mayor autonomía sus problemas y controversias, si no conocen sus derechos ni los mecanismos para hacerlos valer?
Existen propuestas que van en ese camino, entre los cuales se puede destacar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, ya que además de otorgar representación jurídica a quienes no cuenten con los recursos económicos para ello, dicho Servicio entregará información y orientación legal a todos quienes lo requieran, generando una instancia única de atención de público, que al día de hoy no existe. De todas formas, es necesario promover e incorporar instancias que permitan la educación de la población, más allá de la mera consulta o asesoría legal.
Lamentablemente muchos quedan excluidos. Y no estamos hablando únicamente de aquellos que están en situación de pobreza. Hay un alto porcentaje de personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad, especialmente en la clase media, que no cuentan con las herramientas necesarias para ejercer debidamente sus derechos. Se trata de una brecha que ha ido creciendo tras la pandemia,donde existen múltiples barreras, por lo que requiere de la colaboración de todos quienes participamos del sistema.
Desde Fundación Pro Bono, hemos fortalecido durante más de 23 años las estrategias de educación legal, desde explicar el lenguaje jurídico a la comunidad a través de plataformas de redes sociales, hasta incluir la formación cívica en la etapa escolar, a efectos de favorecer un temprano desarrollo del empoderamiento y ciudadanía. Cada vez son más los establecimientos educacionales y organizaciones que solicitan a nuestra Fundación la realización de estos talleres, charlas y clases sobre alguna temática legal.
Es de suma urgencia tener una población adulta informada en el futuro, capaz de actuar frente a sus propias necesidades jurídicas y conocer el límite de estas acciones. En ese sentido, vemos con mucho temor el bajo nivel de conocimiento que existe frente al contenido y funcionamiento de las normas, cuestión preocupante, dado que facilita que las personas actúen de forma individual (autotutela), generando un círculo vicioso de injusticia y, muchas veces, violencia.
Es fundamental enfatizar la importancia de crear y mantener espacios de participación ciudadana que permitan a las personas y organizaciones sociales, no solo comprender sus derechos y deberes, sino también saber cómo y dónde pueden ejercerlos o defenderlos. Estos espacios deberían servir como plataformas para educar a la comunidad sobre las alternativas legales disponibles, los recursos de apoyo y las instituciones a las que pueden acudir en caso de necesidad.
Al empoderar a las personas con este conocimiento, se fortalece la cohesión social y se promueve una mayor justicia y equidad, asegurando que cada individuo tenga la capacidad de ejercer de manera efectiva, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Pero esta es una tarea que no podemos realizar solos y necesitamos que la comunidad legal y autoridades puedan revisar la situación, comprometiéndose con el desafío de remover todo tipo de barrera de acceso a la justicia. De no ser así, el resultado podría llegar a ser nefasto para la confianza en el sistema, que ya está por el suelo.
Esta columna fue publicada en El Mercurio Legal.
