En Fundación Pro Bono celebramos un hito que transforma la vida de miles de niños, niñas y adolescentes en Chile: la promulgación de la nueva Ley de Adopción. Esta reforma, largamente esperada y en la que tuvimos el honor de participar activamente, representa un verdadero cambio de paradigma. Es un antes y un después en la forma en que el Estado asume su rol de garante, poniendo, de una vez por todas, el interés superior y los derechos de la niñez en el centro de todo el sistema.
Nuestra historia y compromiso con esta causa se entrelazan con casos concretos que nos demostraron, desde la primera línea, la urgencia de una transformación legal profunda. Uno de los más emblemáticos fue el del llamado «Carabinero guardador», un caso en el que, a través de nuestras abogadas Alejandra Mercado y Marianela Villarroel, asumimos la representación de una familia de acogida que luchaba por adoptar a la niña que habían cuidado con amor y dedicación por más de tres años. La ley vigente en ese momento era un muro; no contemplaba esta posibilidad, forzando una separación que habría sido devastadora para la niña. En ese tribunal no solo defendimos a una familia, sino que logramos abrir un camino que la ley anterior mantenía cerrado, sentando un precedente crucial que demostraba que los vínculos de afecto y cuidado, esos que se forjan en el día a día, no podían seguir siendo ignorados por el sistema.
Impulsados por la justicia de esta y otras historias, en 2019 llevamos esta convicción directamente al poder legislativo. Expusimos en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, no solo con argumentos legales, sino con la evidencia irrefutable del impacto que la rigidez de la ley tenía en la vida de los niños. Argumentamos la necesidad imperiosa de permitir que las familias guardadoras pudieran adoptar, protegiendo la estabilidad emocional como un pilar del bienestar infantil. Hoy, vemos con profunda satisfacción cómo esa demanda, que nació de la experiencia directa, se ha convertido en ley, introduciendo cambios cruciales que responden a deudas históricas con la infancia de nuestro país.
La nueva normativa trae consigo agilidad y certeza jurídica al acortar drásticamente los plazos procesales. En un período máximo de 18 meses, un juez deberá resolver de manera definitiva la situación del niño, niña o adolescente. Esto pone fin a años de una angustiante incertidumbre en la etapa más crítica de su desarrollo. Evitará que, como vimos con impotencia tantas veces, los menores alcanzaran la mayoría de edad atrapados en un sistema residencial, sin haber tenido la oportunidad de pertenecer a una familia. Junto a ello, se consagra un avance fundamental en igualdad, pues se termina con la prelación que priorizaba a ciertos tipos de familias. Ahora, matrimonios, convivientes civiles y personas solteras serán evaluados bajo un único y justo criterio: su idoneidad y su capacidad para garantizar el mejor bienestar y desarrollo posible para el niño.
Para nosotros, uno de los cambios más significativos y conmovedores es que se reconozca a las familias guardadoras como potenciales adoptantes, validando jurídicamente su inmenso trabajo, amor y compromiso. Esta medida es un acto de humanidad que protege los lazos afectivos ya consolidados, evitando el trauma profundo e injustificado de una separación forzosa de los únicos referentes parentales que muchos niños han conocido. Además, la reforma perfecciona la protección integral de la niñez al permitir que, cuando sea beneficioso para su desarrollo e identidad, puedan mantener contacto con su familia de origen. Esto, sumado al endurecimiento de la persecución del delito de obtención ilegal de menores, blinda el sistema contra las adopciones irregulares y pone el foco en la transparencia.
Como coordinadora del área de Familia de la fundación, puedo afirmar que esta reforma no es solo una actualización de procedimientos; es un acto de justicia y humanidad. Es la materialización de un entendimiento más profundo de la infancia. Como sociedad, tenemos la responsabilidad ineludible de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, y un aspecto vital para ello es resguardar sus vínculos afectivos. Esta ley, por fin, custodia ese tesoro invaluable, reconociendo que el amor y la estabilidad son derechos, no lujos, y que un hogar seguro es el cimiento sobre el cual se construye toda una vida.
Columna originalmente publicada en El Mercurio Legal.