Francisca se encuentra cursando séptimo básico en un colegio en la comuna de Maipú. Como es común a su corta edad, ya es una activa usuaria de redes sociales. En el mes de mayo de 2018, a través de Instagram comenzó a recibir mensajes obscenos por parte de un desconocido. Esta persona le enviaba además imágenes de alto contenido sexual y la amenazaba con violarla y raptarla, afirmando que conocía dónde estudiaba, qué hacía después de clases, a qué auto se subía y con quién.
Francisca angustiada le contó esta situación a su madre Andrea, quien cuenta que “me desesperé, estuve mal sobre todo por cómo esto afectaría la parte psicológica de mi hija. Sentí dolor por lo que tuvo que enfrentar”.
Preocupada alertó de la situación a los apoderados del curso a través de un grupo en Whatsapp. “Nos dimos cuenta que habían como 10 niñas más en esta situación. Se sumaron dos apoderados más a la denuncia, pero no el resto, lo cual encontré poco solidario. No nos permitió averiguar mucho más de adonde llegaba todo esto”, agrega. Extrañamente minutos después de la alerta la cuenta en cuestión dejó de seguir a la niña, por lo cual sospecharon que podría ser alguien ligado al entorno escolar.
El papá de Francisca presentó una denuncia en la Fiscalía de Maipú. Luego la madre llegó hasta las oficinas de la fundación, siendo el caso derivado y asumido por el estudio SILVA, a través de su socio Andrés Grunewaldt y del abogado Guillermo Villarroel.
Los abogados presentaron una querella por delitos de grooming y amenazas y gracias a las gestiones sostenidas con la Policía de Investigaciones y Google lograron dar con la persona detrás de este ilícito: un compañero de colegio de Francisca, de tan sólo 13 años.
Al no existir, por tanto, responsabilidad penal el estudio presentará una solicitud al colegio para denunciar el ilícito y aplicar el reglamento que permite la expulsión por faltas graves y reiteradas.
“Los abogados han sido muy acogedores y empáticos. Me informan de todo, lo cual me deja muy tranquila”, cuenta Andrea. “Es importante mirar las herramientas digitales que están usando los jóvenes porque están muy expuestos con las redes sociales”. Conscientes de esto último, la firma, en coordinación con Fundación Pro Bono, ha sido un activo promotor de la educación en temas de bullying y ciberbullying, realizando charlas a alumnos y alumnas, también a apoderados y profesores, bajo la convicción de que sí se pueden prevenir este tipo de delitos. “Los niños y niñas saben en los hechos lo que está ocurriendo, pero no conocen las consecuencias legales y efectivas de esos actos”, comenta Guillermo Villarroel. En ese contexto explica que en sus charlas pone como ejemplo a los jóvenes casos emblemáticos, como el conocido “Wena Naty” que si bien causó gran polémica sus consecuencias legales, entre ellas endeudamiento, sanciones y expulsión, son desconocidas por los estudiantes.
Entrevista a Guillermo Villarroel, abogado de la firma.
¿Cuál es la apreciación que tienen sobre la naturaleza y frecuencia de estos delitos, cómo se están dando en el país?
El grooming como sinónimo de pederastía (..) es un delito en el que se trata de vulnerar la indemnidad sexual de un menor con inexperiencia y con una capacidad que no le permite discernir perfectamente, como un adulto formado, entre los límites de su cuerpo e intimidad. En general se les pide fotografías y videos. Atendida la facilidad actual de las comunicaciones y del anonimato del internet y chats es muy frecuente y es muy fácil que ocurran (..) De todos los delitos debe haber un margen muy pequeño que se denuncie.
¿Cómo está estipulado este delito hoy en la legislación?
El grooming está expresamente tipificado en el Código Penal y existe protección legal para aquellos menores de edad que reciban esta clase de mensajes. El problema es el anonimato que permite internet. Hay que hacer una investigación gigantesca y la Policía de Investigaciones es quien tiene la mayor carga investigativa y muchas veces se requiere información de entidades extranjeras, como Google, que se demora 8 meses en responder quién es el dueño de una cuenta.
¿Para el adulto hay medidas de privación de libertad?
Si quien comete este delito tiene más de 14 años tiene responsabilidad penal adolescente. Desde los 18 años en adelante tendría responsabilidad y más grave y sí se contempla privación de libertad.
¿Cómo fue la reacción del colegio frente a este episodio?
Como no había habido una presentación formal y ordenada no se había recibido por parte de la madre de la víctima una respuesta categórica. Solo ha habido conversaciones. Nosotros aún no nos hemos comunicado con el colegio pero sí la madre y la profesora llamó a Carabineros o PDI pero hasta ahí quedó, esa fue la respuesta. La directora tomó también conocimiento pero al no tener antecedentes no pudo emitir ninguna resolución. Por eso fue necesario el trabajo de la fundación para ordenar el tema, hacerlo formal. Ahora sí esperamos una respuesta, porque el colegio ya está al tanto del delito y si no toma una resolución podría ser objeto de sanción por parte de la Superintendencia de Educación.
