Fuente: El Mercurio Legal
La organización impulsa una red voluntaria internacional, incorpora en Chile a fiscalías de empresas y busca establecer un nuevo mecanismo para medir la calidad del servicio. En su comida anual reconocerá mañana a uno de los casos emblemáticos de 2011.
Alicia Tagle
En la década de los 70, la cooperativa de trabajadores Villa Princesa consiguió construir sus viviendas gracias al préstamo solicitado a su empleadora, Cerámicas Princesa, que quebró a los pocos años. Los créditos no fueron cobrados a los deudores, situación que no consideró el síndico, de manera que, tras varios juicios fallidos, las casas permanecieron gravadas con una hipoteca que sólo fue alzada tras la intervención realizada en los últimos meses por el trabajo voluntario del abogado Benjamín Grebe, de Prieto y Cía. Cerca de 100 personas fueron beneficiadas.
Es éste uno de los casos emblemáticos que en 2011 abordó la Fundación Pro Bono, que para su 11° aniversario —que mañana celebra en su comida anual— ya se ha consolidado en el país. “A estas alturas, yo creo que no hay ninguna organización relevante en Chile que no haya recibido trabajo de nosotros como fundación”, sostiene el presidente de la entidad, Pablo Guerrero.
Cuenta con una red de más de 50 estudios jurídicos (35 de los cuales son miembros) y cerca de 300 abogados chilenos en su voluntariado profesional.
“Hace 11 años hablar de trabajo pro bono era ir a predicar en el desierto”, comenta Gonzalo Fernández, integrante del Consejo Consultivo de la institución. Hoy, las actividades orientadas a los actuales desafíos son múltiples: sólo la semana pasada la corporación realizó un encuentro de fiscales de empresas para incorporarlos a la labor, y participó del lanzamiento de la Red Pro Bono Internacional en Washington, que surgió bajo el alero de la fundación chilena, en alianza con la organización estadounidense Cyrus R. Vance Center, que promueve la justicia social en el mundo.
En los últimos cinco años Pro Bono Chile ha asumido la tarea de apoyar a países latinoamericanos en la formación de instituciones similares y ha proveído de servicios legales voluntarios a ONG’s y estudios de abogados extranjeros. “Hemos hecho lazos importantes con gente de Cyrus R. Vance Center y eso yo creo que nos ha dado un cierto liderazgo en la región”, señala Guerrero.
Y ha sido también la “idiosincrasia, la similitud de los sistemas legales y del tamaño de los estudios” uno de los motivos por los que Guerrero considera que los países de la región han acudido a la fundación chilena para ser asesorados.
Fue así como el reconocimiento internacional de la fundación se tradujo en una red continental, que integra a 13 países e implica un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica Ciro Colombara, director de Fundación Pro Bono y uno de los impulsores del nuevo proyecto. “Es un proyecto de alcance internacional bastante ambicioso, pero que nos significa un trabajo adicional que no va a redundar en disminuir nuestro trabajo en Chile. La internacionalización de Un Techo Para Chile es un buen ejemplo”, agrega Colombara.
No obstante, existe el temor de que el convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda suscitar conflictos de interés para las firmas vinculadas a Pro Bono. “Involucrarse en temas de derechos humanos, y sobre todo en el sistema interamericano, significa litigar contra tu país”, indica Guerrero, y con él concuerda Fernández: “La Corte puede dar órdenes o recomendaciones al Estado para cambiar políticas o decisiones, lo que es bastante potente. El día de mañana pueden no estar todos de acuerdo”.
Para evitar este tipo de conflictos, el presidente de la fundación comenta que se incentivará la utilización de Amicus Curiae; “escritos que se presentan en la corte en un caso determinado, por alguien que no es parte de él, que quiere hacer un aporte jurídico a la discusión, y permita, por ejemplo, a estudios chilenos no necesariamente patrocinar un caso contra el Estado chileno”.
Por medio de la Red Pro Bono Internacional, será derivado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso chileno del “velo islámico” (vea el recuadro).
Consolidación en Chile
Uno de los motivos del éxito de Fundación Pro Bono, a juicio de Gonzalo Fernández, es que “ha sido realista y se ha puesto metas concretas”. A su vez, se han seleccionado casos que no generaran polémicas entre sus voluntarios. “Se tuvo cuidado siempre de elegir casos en los que existe consenso que merecen ser apoyadas, porque puede que haya temas que generen visiones muy distintas”, agrega.
El organismo nacional se convierte en un actor relevante a nivel regional y dentro de nuestra sociedad, donde pretende complementar el papel del Estado en materia de justicia, abordando casos de interés general. “La fundación surge para atender casos de interés social o colectivo, para potenciar políticas públicas. En consecuencia, muchas veces se trata de casos emblemáticos, para sentar un precedente”, explica Fernández.
“Hemos tomado toda clase de acuerdos y convenios con algunos servicios del Estado para poder colaborar, pero nunca sustituirlo, porque si no, el Estado va a descansar en nosotros”, comenta al respecto el presidente del Consejo Consultivo de la fundación, Pedro Pablo Gutiérrez.
Continuamente surgen nuevos casos y nichos que requieren ser abordados, tal como explica el presidente de Pro Bono: “Al final del día las necesidades son bastante más grandes que las capacidades de cubrirlas”. Sin embargo, las 20 horas anuales de trabajo voluntario a las que se comprometieron los abogados adheridos a la Declaración Pro Bono para las Américas (que entró en vigencia en 2008), aún son un desafío.
Entre enero y octubre de 2011 los estudios que forman parte de la fundación chilena aportaron un total de 12.124 horas de trabajo —durante todo 2010 sumaron 13.459 horas— y cada uno de sus abogados ha hecho un promedio de 16 horas, cifra que coincide con la del último año. Guerrero sostiene que la dificultad de incrementar el tiempo destinado por voluntario es consecuencia de la integración de nuevas firmas, que por lo general comienzan realizando una menor cantidad de horas.
Pero uno de los mayores logros de la fundación en el último tiempo fue la creación de Pro Bono Concepción, como respuesta a las necesidades que surgieron tras el terremoto de febrero de 2010. En un año de funcionamiento se han adherido cerca de 15 firmas, diversas notarías y abogados independientes.
Si bien la institución se ha consolidado en Santiago y Concepción, y se ha convertido en un ejemplo para el resto de Latinoamérica, no se ha extendido a otras ciudades del país, pese a al esfuerzo realizado hace algunos años. “Cada ciudad tiene su realidad local distinta. Llegar de afuera a imponerles el modelo o la forma de trabajar no ha funcionado”, comenta Guerrero. Es necesario que exista el “entusiasmo y la organización local”, tal cual como ha ido sucediendo en el resto de Latinoamérica, agrega.
“Para lograr convicción y adhesiones, lo que se requiere es mostrar acciones”, dice Gutiérrez, de manera que, a su juicio, la mejor forma de incentivar a la creación de instituciones similares en otras ciudades es mostrando el trabajo de la fundación.
Es mantener el entusiasmo de los abogados y validarse día a día un desafío permanente. Pero establecer un mecanismo más estructurado para medir la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los beneficiados es uno los principales retos del momento para la organización.
Actualmente cada uno de los casos llevados por los abogados voluntarios es monitoreado por la fundación. No obstante, que la calidad sea óptima es igualmente una preocupación. “El compromiso es que lo que salga sea del mismo nivel de calidad que la del servicio a los clientes a los cuales se les cobra. Si no, no se ha entendido cuál es la misión”, concluye Gutiérrez.
Y es también un reto constante conseguir el sustento económico que permita a Fundación Pro Bono proyectarse a largo plazo. Actualmente, la principal fuente de financiamiento son sus 35 estudios miembros, además de la fundación Tinker, que desde un comienzo ha apoyado a esta red de voluntarios.
Otros casos emblemáticos de 2011
A juicio del presidente de la organización, Pablo Guerrero, uno de los proyectos más destacados de este año fue la elaboración del manual “Derechos de las personas con discapacidad mental”, por el Banco BBVA, Provida y Forum. Sin perjuicio de ello, Fundación Pro Bono presentó sus casos más emblemáticos:
Comunidad Padre Hurtado
En 2002, 120 familias de escasos recursos de la comuna Padre Hurtado compraron sus terrenos a la Sociedad Inmobiliaria Padre Hurtado y, concretamente, a la familia del alcalde del municipio en ese entonces, Desiderio Moya.
Cinco años después, al intentar inscribir títulos de dominio, las familias descubrieron que, en virtud de una deuda fiscal de la inmobiliaria, los terrenos comprados estaban embargados y saldrían a remate.
Desde ese entonces, más de siete abogados de diversos estudios de Fundación Pro Bono buscan establecer ante tribunales las responsabilidades civiles y penales del caso, luego de años de indagación.
Velo islámico
En el cajero de un banco, a comienzos de este año una mujer de religión musulmana fue obligada a quitarse el velo islámico de su pelo frente a hombres, para poder cobrar un cheque.
Sin asesoría legal, la mujer recurrió a la Corte de Apelaciones y posteriormente acudió a Fundación Pro Bono. La firma Carey & Allende asumió la defensa del caso, que obtuvo un voto disidente en la Corte de Apelaciones. El recurso rechazado fue apelado y la sentencia confirmada por la Corte Suprema, también con un voto disidente, debido a que en un comienzo no planteó los derechos vulnerados, además de no haber cumplido con formalidades.
El caso será derivado a la Red Pro Bono Internacional, para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tratamiento para distonía
Una joven con diagnóstico de distonía generalizada, recurrió a Fundación Pro Bono porque no puede acceder al tratamiento para su patología, debido a los altos costos de ellos y a que su enfermedad no está cubierta por la Isapre a la que está afiliada.
Junto con la fundación, abogados del estudio Albagli Zaliasnik lograron colocar el tema en la agenda pública y formar una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, para elaborar un programa piloto que permita cubrir el tratamiento de la patología.
Hepatitis C
En 2009 Pro Bono descubrió que miles de personas portadoras del Virus de la Hepatitis C no habían sido notificadas de su enfermedad. Entonces la fundación llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud para que éste informara en un plazo de un año (cumplido el 30 de junio de 2011) a quienes eran afectados por la enfermedad.
El 21 de septiembre, Pro Bono solicitó a la Secretaría de Estado —mediante la Ley de Transparencia— informar sobre los avances de sus gestiones a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Luego de un plazo de 20 días, el ministerio no entregó respuestas pero sí pidió que la fecha límite fuera extendida para presentar la información.
Discriminación y amenazas
Un joven es víctima de amenazas constantes por parte de alumnos de la universidad privada donde estudia, debido a su vulnerabilidad física y económica. Padece de discapacidad en sus extremidades, además de un cáncer linfático.
La universidad sostiene que no puede hacerse responsable de la seguridad del alumno y que él puede retomar su carrera cuando garantice su propia seguridad. A su vez, la casa de estudios canceló la matricula del afectado, aludiendo a aranceles impagos, que fueron acreditados por su familia con certificados de salud por una inasistencia de seis meses.
A través de Pro Bono, dos firmas asumieron el caso para establecer responsabilidades civiles y penales.
Red Pro Bono Internacional
La iniciativa de alcance continental tiene como fin establecer una red que permita acceder a abogados en casos de connotación internacional ante la Corte, “en los que pueda ser útil la experiencia comparada”, sostiene Guerrero.
Los desafíos en el corto plazo son consolidar la red de firmas jurídicas e instituciones similares a Fundación Pro Bono que proporcionen trabajo voluntario, además de “conectar a ONG’s y personas que requieran servicios legales”, explica Colombara. “Organizaciones chilenas como América Solidaria y Un Techo Para Chile están saliendo a otros países y necesitan servicios legales”, agrega.
