“Nos enteramos por los clientes que ingresaban su caso a través de nuestra página web,
porque reseñaban y decían que en la corporación no los atendieron porque están en paro”,
comenta la directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, Eva Méndez, y añade: “Empezó a
ingresar una cantidad enorme respecto de lo que estamos acostumbrados, lo que
evidentemente es una carga para el equipo”.
La sobrecarga en el trabajo del organismo de voluntariado ha sido uno de los efectos del paro
de actividades que desde hace más de 40 días llevan a cabo las corporaciones de asistencia
judicial en todo el país, y que comenzó el pasado 2 de abril.
Frente a ese escenario, Méndez estima que las solicitudes de atención durante estas últimas
semanas en la fundación han aumentado en 35%, lo que se traduce en alrededor de 80
requerimientos más al mes, sobre los 250 que normalmente les llegan y de los cuales se derivan en promedio 40. Lo mismo sucede con un chat con el que cuentan para resolver dudas y entregar orientaciones: de entre tres y cinco contactos diarios pasaron a entre 10 y 15 en el
mismo período.
Aunque no se ha llegado a un acuerdo para deponer el paro, la tarde de este martes el Ministerio de Justicia y la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a los trabajadores de las corporaciones, tuvieron un extenso encuentro. Estos últimos se llevaron una nueva propuesta de la autoridad —tras el rechazo la semana pasada, por mayoría de sus miembros, de un borrador de acuerdo—, que debieran responder, afirmativa o negativamente, en los próximos días.
Según quienes conocen de las negociaciones, las principales trabas estarían en diferencias sobre el monto relativo al cumplimiento total del protocolo de homologación de remuneraciones —firmado en 2023 y que falta aplicar a los abogados—.
“Nuestro poder de reacción ante esos requerimientos tan urgentes no es posible”
La directora ejecutiva de Pro Bono igualmente repara en que el hecho de que muchas de las causas que han llegado hasta la oficina producto de esta contingencia ya estaban siendo trabajadas en la corporación, “en tramitación, y tienen audiencia en unos pocos días o semanas; entonces, nuestro poder de reacción ante esos requerimientos tan urgentes no es posible”, así como que un número no menor de solicitudes —que en general se concentran en el ámbito de Familia— provienen de regiones, donde no tienen una red establecida.
“Estamos limitados bastante con la jurisdicción, porque nuestro gruesgo de abogados, en realidad, practicamente todos ellos, están en Santiago”, explica.