Imaginen por un momento una oficina pequeña en una capital latinoamericana donde un grupo de abogados y trabajadores sociales lleva años defendiendo a comunidades vulnerables, litigando por el acceso al agua o protegiendo la libertad de expresión. Sin embargo, hoy las luces de esa oficina están apagadas. No por falta de voluntad, ni porque los problemas hayan desaparecido. Están apagadas porque las nuevas normativas y la burocracia impidieron que se encendieran nuevamente, porque se han restringido las donaciones internacionales o porque se ha propendido el uso del término “agentes extranjeros”, todo lo cual han forzado su disolución.
Lamentablemente, el panorama actual en América Latina es alarmante: la región ha visto restringido su espacio cívico de manera sistemática, tanto desde una arista financiera como legal, generando un efecto dominó que amenaza con dejar a los más vulnerables sin defensa.
Hoy entendemos que el acceso a la justicia es uno de los pilares de la sociedad y permite que la ciudadanía confíe en las instituciones y en el sistema en el que vivimos. Es por ello que en lo cotidiano cada acto de injusticia percibido, cada defensa que no se puede realizar por falta de recursos o trabas administrativas erosionan el tejido social generando fracturas en la sociedad y un no reconocimiento de la legitimidad del Poder Judicial y del modelo democrático.
La realidad financiera es cruda. Hemos sido testigos, a través de la Red Pro Bono de las Américas, de cómo el recorte de fondos provenientes de potencias extranjeras, sumado a cambios en las políticas de cooperación, ha afectado directamente la operatividad de organizaciones sin fines de lucro. Sin combustible, el motor de la defensa de los derechos se detiene. Pero el problema no es solo la falta de recursos, sino la intención activa de ciertos Estados de controlar y restringir la operación de estas entidades.
El diagnóstico que se desprende del informe de Civic House, y que hemos analizado con preocupación, revela una tendencia regional hacia la reducción del espacio cívico mediante siete mecanismos de asfixia que operan simultáneamente. El primero y más evidente es el control financiero. A través de leyes de “agentes extranjeros” o exigencias de transparencia que rayan en lo absurdo, se imponen obstáculos insalvables. Vemos con preocupación el caso de El Salvador, donde la persecución a organizaciones dedicadas a la protección de defensores de derechos humanos o a la libertad de expresión ha llegado a tal punto que muchas evalúan constituirse en países vecinos para sobrevivir y seguir cumpliendo su misión.
A esto se suma la burocracia excesiva y las microregulaciones. Procedimientos de registro laberínticos y reportes costosos funcionan como una barrera de entrada y permanencia, generando cierres forzosos o multas impagables que reducen la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil.
El escenario se torna aún más complejo con el caso de Perú, que acaba de publicar una ley y reglamento donde se otorgan nuevas potestades a la agencia de cooperación internacional. Esta entidad ahora posee la facultad de fiscalizar aportes y, lo que es más grave, de aprobar o rechazar la susceptibilidad de que ciertos fondos sean entregados a una organización. Esto, a todas luces, no es solo fiscalización; es un control discrecional que pone en jaque la autonomía financiera de la sociedad civil.
Pero el cerco no es solo administrativo; es también digital y penal. Las distintas entidades de la sociedad civil observan con inquietud la censura y los bloqueos que han debilitado la participación pública y la incidencia ciudadana.
Las consecuencias de estas decisiones gubernamentales son tangibles y devastadoras. Vemos una reducción de la autonomía financiera, restricciones al derecho a alzar la voz, una limitación severa del trabajo de transparencia y un silenciamiento de voces críticas mediante leyes de difamación. De esta manera, el debate público se ha visto empobrecido y todas aquellas personas que se beneficiaban de la sociedad civil se han visto perjudicadas. Indispensable es recordar que la sociedad civil llega a ayudar cuando el Estado no es capaz de hacerlo por lo que estamos hablando de distintas áreas y materias los lugares donde ésta interviene y por lo tanto son miles de personas que quedarán fuera de la ayuda por las nuevas regulaciones impuestas a las organizaciones sociales..
Desde la Red Pro Bono, en donde Fundación Pro Bono es cocoordinadora, no hemos permanecido impávidos. Hemos visibilizado esta problemática mediante informes en colaboración con el International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) y nos hemos reunido con las organizaciones afectadas para levantar sus inquietudes. Además, junto a iniciativas pro bono locales, hemos realizado webinars en Perú y El Salvador —y actualmente trabajamos con Paraguay y Ecuador— para explicar estas leyes, visibilizar sus peligros y responder dudas. Nuestra misión es clara: utilizar el derecho como una herramienta de protección para quienes protegen a otros.
La defensa del espacio cívico no es una lucha corporativa de las ONG; es una lucha por la salud de nuestra democracia y de la sociedad en su conjunto. Sin una sociedad civil financiada, autónoma y libre, no hay quien le entregue una mano amiga a los desamparados, ni hay quien defienda sus derechos, ni los de aquellos que los protegen, y no hay, por tanto, un cercano acceso a la justicia. Proteger a las organizaciones sociales es, en última instancia, proteger la confianza en que un mundo más justo es posible. No dejemos que se apaguen más luces.
Publicado originalmente en el Legal Industry Reviews.
