Este año la Fundación Pro Bono cumplió 20 años. Miles y miles de casos han sido atendidos a lo largo de los años por la red de abogados que organiza la fundación, aportando al acceso a la justicia y garantizando un servicio legal de primera calidad a quienes no pueden proveérselo por sus propios medios.
El camino no estuvo exento de dificultades y desafíos, y eso bien lo saben sus fundadores y todos los que han participado en el desarrollo de la fundación. El trabajo legal pro bono, en verdad, se venía desarrollando en forma anónima desde tiempos inmemoriales por abogados de buena voluntad. Los aportes positivos estaban a la vista, entre otros, la contribución al acceso a la justicia de muchos que no pueden hacerlo, contar con casos interesantes que no se ven todos los días, aportar a la formación jurídica de abogados más jóvenes que forman los equipos de trabajo, inspirar a esos mismos abogados con un trabajo que no se retribuye por remuneración, sino que por principios quizás más motivadores que el trabajo rutinario.
Sin embargo, ese trabajo carecía en Chile de organización, seguimiento, impulso y una estrategia que aunara todos los esfuerzos de la comunidad legal. Recuerdo como espectador que en sus inicios los creadores e inspiradores de la fundación hicieron un esfuerzo importante para poder transmitir lo positivo que resultaba institucionalizar el trabajo pro bono. Algunos lectores podrán no estar de acuerdo, pero los abogados somos escépticos por definición y muchas veces encontramos más problemas que soluciones y miramos con sospecha el cambio: ¿por qué comunicar el trabajo que se hace pro bono?, ¿por qué fomentarlo si no es remunerado?, ¿por qué institucionalizar el trabajo pro bono si de todas formas se hace y existe desde los comienzos de la profesión?, ¿por qué debe haber reconocimiento si es pro bono?, eran algunas de las preguntas y dudas que surgían cuando la fundación estaba naciendo.
Y el cambio hace 20 años consistía en la formación de una red de abogados pro bono, el fomento a la participación de más abogados, la generación de políticas pro bono en los estudios de abogados, fiscalías de empresas y en el trabajo de abogados que ejercían individualmente, todo ello con un único fin: ampliar la calidad y cantidad del servicio pro bono, en pro del acceso a la justicia.
Con tres líneas de acción concretas (asesoría jurídica, educación legal y políticas públicas) hoy podemos decir que se logró, gracias a todos los abogados que forman parte de la fundación y gracias al equipo que la compone y al que participó en su formación. Se logró formar esta comunidad legal, única e inédita en Chile, mirada con aprecio y admiración por los abogados de Latinoamérica. Se logró sin duda ampliar la oferta legal pro bono y juntarla con la demanda, algo que probablemente sin una institución como la Fundación Pro Bono no se habría logrado en la extensión a la que se llegó hoy en día. Y no solo eso, sino que se logró además un punto de encuentro de toda la comunidad legal.
Pero sin duda hay que ir por más y ese es el desafío actual de una fundación consolidada y de su gran equipo. Hoy día, en que la sustentabilidad y la relación con la comunidad juegan un rol clave en cualquier empresa, servicio o profesión, el trabajo pro bono es la respuesta obvia y una oportunidad única para quienes prestan servicios legales, donde quiera que lo desempeñen. Con ello y con el rol de la Fundación Pro Bono actualmente y en el futuro se logrará ampliar la oferta pro bono, contribuyendo a dejar atrás, o al menos disminuyendo, las brechas en el acceso a la justicia, que sin duda es un componente neurálgico de nuestra sociedad.
* Benjamin Grebe Lira es director de Fundación Pro Bono y socio de Prieto Abogados.
