En un encuentro prometedor para el ámbito legal, Fundación Pro Bono se reunió recientemente con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) en busca de colaborar en diversos aspectos que beneficiarán el sistema de quiebras en Chile y la educación legal en relación a la nueva Ley de Insolvencia. La directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, Carolina Contreras, y el superintendente de la Superir, Hugo Sánchez, encabezaron esta reunión en la cual se exploraron diferentes áreas de cooperación.
Uno de los temas claves que se habló en la reunión fue la educación legal relacionada con la modernización a la Ley de Insolvencia. La Superir expresó su interés en brindar talleres de capacitación a los abogados y abogadas miembros de la Fundación Pro Bono, con el objetivo de que puedan actualizar sus conocimientos y entender plenamente la nueva legislación. Así como también dar a conocer estas herramientas a organizaciones sociales que trabajan con personas que puedan estar pasando por un situación que amerite usar alguna de las herramientas que entrega la nueva ley.
La Fundación Pro Bono, comprometida con su misión de promover el acceso a la justicia y la educación legal, ve con entusiasmo la propuesta y busca seguir colaborando con la Superintendencia: “Hace varios años que somos parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Superir. Ahí nace nuestro compromiso para entregar nuestro aporte desde el ámbito legal. La capacitación de nuestros abogados miembros es muy importante. Estamos agradecidos por la iniciativa de la Superir de proporcionar estos talleres, lo cual también fortalecerá nuestra labor en beneficio de la comunidad”, afirmó Contreras.
Además, se explorará la forma de colaborar con la derivación de causas legales que puedan ser derivadas a través de la Fundación Pro Bono. La idea es poder abrir nuevas oportunidades de colaboración que permitan fortalecer el acceso a la justicia y a mejorar la calidad de los servicios legales en el país. Esta alianza representa un paso más hacia un sistema más eficiente y equitativo para todos los ciudadanos chilenos.