FUENTE: EL MERCURIO
Cada año, la fundación presenta un estudio acerca de la labor realizada por los miembros de su red. Este 2012 el número de abogados que realizó voluntariado aumentó de 476 a 611, sin embargo, sólo siete firmas alcanzaron las horas pactadas de trabajo.
Alejandra Zúñiga C.
Dos mil 531 personas fueron asistidas por la Fundación Pro Bono en 2012, de los cuales 573 correspondieron a casos. Así se indica en la memoria que cada año elabora el organismo acerca del voluntariado legal que realiza desde 2000 y que mañana celebra su 13° aniversario con una cena en CasaPiedra.
La entidad trabaja con más de 30 estudios jurídicos y cuatro departamentos legales de empresas o fiscalías, donde la inclusión de estos últimos constituye uno de los proyectos importantes de la fundación durante este año.
Al respecto, Pablo Guerrero, presidente del directorio de Pro Bono, comenta que si bien éstos son “cada día más parecidos a las firmas, con un amplio número de abogados, para participar quieren proyectos más coherentes con el área en el que se desenvuelve su compañía y en armar un programa atractivo para ellos está nuestro desafío”.
Del total de las instituciones que hacen trabajo pro bono —firmas legales, fiscalías, abogados penalista y de familia— se desprenden datos como que el área Familia y Civil tuvo la mayor carga este último año: 292 casos repartido principalmente entre alimentos (18%), herencia (12%), arbitraje (9%) y divorcio (8%).
Pese a que en comparación con 2011, asuntos como implementación de políticas internas o medidas para promover el trabajo pro bono al interior de las oficinas aumentó, al igual que el porcentaje de abogados que realizó voluntariado –llegando a 611 frente a los 476 pasados—, sólo siete estudios de los 27 que entregaron información cumplieron con el compromiso firmado de llevar a cabo 20 o más horas anuales por profesional, siendo el promedio actual de 16.
Los proyectos en marcha
Aunque el día a día está dado por la derivación de múltiples casos, hay más en un año del organismo. Así, destaca el trabajo realizado por la Red Pro Bono Internacional —cuya dirección comparten con el Cyrus Vance Center del Colegio de Abogados de Nueva York— en el desarrollo de un informe solicitado por la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de la protección de los derechos humanos de los adultos mayores en los países miembros de la entidad, y que actualmente se está negociando.
A juicio de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, estos datos permitieron elaborar un documento sobre la situación de la normativa nacional específica al respecto, “que resalte las buenas experiencias y los vacíos acerca de las políticas públicas en la materia” y agrega que uno de los principales hallazgos fue que las leyes que los protegen “no parecen estar específicamente enmarcadas como ‘derechos de los adultos mayores’, sino que se subsumen en protecciones civiles de todos los ciudadanos o son genéricas”.
Guerrero señala además el esfuerzo por consolidar la red internacional de Pro Bono, donde uno de las iniciativas para el próximo año es la organización de un seminario en Venezuela, para promover el voluntariado en ese país.
A eso se suma un convenio de participación entre la fundación y la organización estadounidense “Deaf We Can”, que trabaja en la promoción de los derechos de personas con discapacidad auditiva en países en desarrollo.
¿El proyecto?, actualmente se trabaja en la unificación de criterios en las municipalidades para que personas sordas puedan obtener licencias de conducir y en la incorporación del sistema closed caption así como del lenguaje de señas en la televisión nacional. Esta propuesta se trabaja con los estudios Bofill Mir & Álvarez Jana y Albagli Zaliasnik.
Otra de las propuestas del organismo es acercar el voluntariado a los estudiantes de derecho mediante el Desafío Pro Bono. Se trata de un concurso abierto a todas las universidades nacionales para que presenten proyectos a favor de grupos vulnerables. La edición 2013 recibió 50 propuestas —el doble de la versión anterior— y publicará sus resultados el 19 de noviembre próximo.
El año pasado fueron premiados cuatro proyectos, que involucraban a inmigrantes, niños, personas con discapacidad física y capacitaciones para evitar el endeudamiento (ver recuadro).
Acerca de esta iniciativa, Guerrero comenta que la idea es que cuando los estudiantes lleguen a ser abogados, «vengan con esto del pro bono en el ADN; que sea una cosa más natural y menos a la fuerza».
Las empresas
El banco BBVA lleva un buen tiempo trabajando con Pro Bono, pero este año, el proyecto de incorporación de departamentos legales de empresas al voluntariado legal sumó a tres compañías más: Provida, Cencosud y Walmart.
Carmen Román, gerente corporativa de asuntos legales y ética de esta última, comenta que la razón de su incorporación a esta propuesta se debe a que «nos llamó la atención porque nos permitía dar respuesta a la inquietud que existía en distintos miembros del equipo, para contribuir en forma directa a quienes más lo necesitan».
La forma de funcionamiento es mediante un convenio que firman las empresas con una organización social, donde se contempla una asesoría integral en temas laborales, tributarios, comerciales o de cualquier otra materia que pueda tener relación con el funcionamiento de la entidad apadrinada.
Desafío Pro Bono Los proyectos ganadores en 2012 fueron:
“Todos pueden”, propuesta que tenía por objetivo informar a las personas con discapacidad física sobre sus derechos en materia de acceso a la cultura y la entretención. Sus creadores fueron cuatro estudiantes de la Universidad de Chile y el estudio patrocinante fue Albagli Zaliasnik.
“Pro Niños” fue un proyecto que buscaba promover los derechos y deberes de los menores, como también el respeto entre sus pares, evitando la violencia escolar. El proyecto fue idea de cinco estudiantes de la Universidad Católica del Norte (Antofagasta) y estuvo bajo la tutoría del estudio Urenda Rencoret Orrego y Dörr.
“Fono Inmigrantes” trató de dar soporte legal e informar a la comunidad de inmigrantes en Chile, acerca de los procedimientos y legislación relacionada con su situación. Sus creadores fueron dos estudiantes de la Universidad de Chile y dos de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes trabajaron junto al estudio Carey.
“Crédito Inteligente” fue la propuesta de cuatro estudiantes de la Universidad Bernardo O’Higgins, que fueron apoyados por el estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno y Asenjo en la capacitación de personas en situación de vulnerabilidad sobre las implicancias legales del endeudamiento.
Respecto de esta último, Pedro Pablo Gutiérrez comenta que su firma destinó unas 100 horas al desarrollo de esta propuesta, de la cual surgió como anexo un manual que pronto será editado por la fundación.