El día 30 de septiembre- luego de cinco meses de la revisión de Chile- se adoptó el informe final de recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra. Se trata de un mecanismo de evaluación del estado de cumplimiento de Derechos Humanos (DDHH) en los países, y que permite que miembros del Consejo de DDHH de la ONU puedan hacer recomendaciones a los Estados para mejorar la situación de DDHH en sus países.
En el caso de Chile, la revisión se efectuó el día 30 de abril de este año, y en ella se realizaron 395 recomendaciones para avanzar en materia de DDHH, especialmente, en cuanto a derechos de personas en situación de discapacidad, adultos mayores, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, entre otros. Luego de analizadas las recomendaciones recibidas, el Estado de Chile se comprometió a adoptar 394 de ellas (resultando en un 98,5% del total).
Para hacer sus recomendaciones, los otros Estados pudieron basarse en el informe sobre la situación de DDHH enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Subsecretaría de DDHH de Chile, pero también, en los informes presentados por organizaciones de la sociedad civil, los cuales aportan generalmente una perspectiva diversa sobre el cumplimiento de DDHH en la materia específica.
En este sentido, abogados miembros de Fundación Pro Bono apoyaron a más de 100 organizaciones sociales pertenecientes a mesas de trabajo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), en la presentación de sus informes. La relevancia de estos informes paralelos, es que destacaron elementos no evidenciados por el Estado, y también sobre las brechas que existen y que son observadas por quiénes trabajan día a día con personas que pertenecen a sectores vulnerables y excluidos de la sociedad.
Las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil tuvieron eco a nivel internacional, y especialmente aquellas presentadas por Fundación Pro Bono y la COS, ya que varias de ellas fueron adoptadas. Por ejemplo, se aceptó implementar recomendaciones para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad, o para mejorar en el reconocimiento de su capacidad jurídica, o el acceso a la salud y educación de personas privadas de libertad, además de la recomendación de velar por la aplicación efectiva de la nueva Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Durante los próximos cuatro años, Chile será evaluado acerca de la implementación de estas recomendaciones adoptadas. Por ende, es trabajo de toda la sociedad identificar y poder exigir al Estado el cumplimiento de estas medidas. Este compromiso es independiente del gobierno de turno, ya que en la próxima revisión, Chile deberá volver a exponer ante el Consejo de DDHH cómo hizo para hacer efectivas cada una de las recomendaciones recibidas.
Cómo es posible observar, el aporte que puede hacer la sociedad civil es trascendental y continuo, ya que además de presentar informes a nivel internacional, tiene la oportunidad de participar en la rendición de cuentas que debe efectuar el Estado.
Por su parte, la posibilidad que tuvo Fundación Pro Bono de apoyar técnicamente a organizaciones sociales ha sido única, ya que permitió que las recomendaciones fueran realizadas en el mismo lenguaje del Consejo, haciendo referencia a leyes y a otras indicaciones de carácter legal. Así, los informes presentados gracias a esta alianza, pudieron contar por un lado con la experiencia práctica de las organizaciones sociales, y también, con la precisión legal necesaria para convencer a los otros Estados de la urgencia de estas recomendaciones.
Columna publicada originalmente en El Mercurio Legal.
