La discusión sobre cómo fortalecer el sector de la micro, pequeña y mediana empresa es de larga data. Mejorar la capacidad de emprendimiento y las condiciones laborales del sector es, sin duda, una necesidad desde el punto de vista económico, tributario y social, pues la denominada «Ruta del Emprendimiento» es un viaje en el que, en muchos casos, la empresa necesita de incentivos y facilidades que le permitan un desarrollo y crecimiento saludables.
Fortalecer el sector mediante incentivos a la formalización, generando de paso una fuente de recursos para el Estado es de toda lógica, especialmente teniendo en cuenta las cifras oficiales de la séptima versión de la Encuesta de Microemprendimiento (EME), que desde el 2013 desarrollan en conjunto el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que fue puesta a disposición del público en junio pasado.
Según la caracterización nacional de microemprendimientos en Chile, para el año 2022 se observaron 1.977.426 personas microemprendedoras, de las cuales 1.152.443, es decir, más de un 58%, se encuentran en situación de informalidad.
No hay necesidad de enfatizar en lo alarmante de estas cifras o en los efectos perniciosos que tienen en la salud de cualquier economía. Niveles bajos de formalización de la actividad empresarial tienen un impacto directo en la recaudación fiscal, en el crecimiento económico y en las condiciones laborales de las personas, por mencionar algunos de los muchos efectos nocivos que de ello se derivan.
Por tanto y de acuerdo a lo señalado, resulta imperativo disminuir este alto porcentaje de informalidad, pero encontrar la fórmula adecuada para realizarlo es algo no pacífico. ¿Cómo hacerlo?
Es evidente que la labor legislativa constituye la más importante de las gestiones y, en tal sentido, urge la promoción de acuerdos transversales que, con justicia y visión de crecimiento, entreguen herramientas que permitan avanzar hacia una solución.
Sin embargo, al margen de la discusión legislativa y atendido el carácter urgente de la temática es indispensable contar con la sociedad civil. Es esta última la que se encuentra destinando una buena proporción de sus recursos en orden a revertir esta situación, entregando a miles de emprendimientos conocimiento y herramientas, especialmente en temas de gestión, jurídicos y contables, para promover su formalización y cumplimiento legal, corrigiendo su situación para que estén «en regla», despejando de paso una serie de temores y prejuicios existentes, especialmente con respecto a la formalización.
En particular, Fundación Pro Bono está actualmente potenciando su programa “Incubadora de Microempresas”, que busca promover la formalización y puesta “en regla” de microemprendimientos mediante asesoría legal gratuita, orientada a permitirles constituirse legalmente, obtener RUT, efectuar la declaración de inicio de actividades, escriturar contratos y otros acuerdos, inscribir marcas,, entre otras materias. Todas estas gestiones representan para las microempresas la posibilidad de destinar sus recursos a financiar los costos y gastos propios de sus operaciones.
Pero nuestra organización no es la única que toma parte en este desafío. Existe una especie de “ecosistema” en la sociedad civil, conformado por una serie de organizaciones (como Fundación Simón de Cirene y su programa de mejora en gestión de microemprendimientos) que se han alineado en torno al objetivo de entregar soluciones a emprendimientos que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo.
En Fundación Pro Bono estamos comprometidos con robustecer este ecosistema, mediante la generación y fortalecimiento de alianzas estratégicas, para que actuando en forma coordinada hagamos de la “Ruta del Emprendimiento” un camino más expedito y colaboremos en la disminución de los índices de emprendimiento informal en el país.
Publicada originalmente en Idealex.press.
