En el 2015 un joven de 24 años fue aprehendido por Carabineros, formalizado por homicidio frustrado y puesto en prisión preventiva por 95 días por un crimen que no cometió.
Todo esto ocurrió por una orden de detención que recaía sobre otra persona pero que lo implicó a él por la declaración errónea de un testigo en el lugar de la detención. Al momento de ocurrido el crimen en cuestión, que lo llevó a Santiago 1, el joven se encontraba en su trabajo, lo cual quedó acreditado por el libro de asistencia, las cámaras de seguridad y un registro de huella dactilar.
Así, luego de tres meses privado de libertad, el Ministerio Público corroboró su inocencia y solicitó la revocación de la medida cautelar comunicando su decisión de no perseverar.
En el marco del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, en el cual colabora Fundación Pro Bono, el estudio Aninat Schwencke será el estudio que asumirá la defensa del joven de manera voluntaria y gratuita. Es por ello que los abogados Paulo Román y Gustavo Delgado de la firma se reunieron con el afectado el jueves 30 de noviembre en sus oficinas y conocieron de primera fuente las implicaciones y los detalles del caso. En el encuentro estuvieron presentes también Carolina Contreras y Josefa Giesen, directora ejecutiva y encargada de litigios de Fundación Pro Bono.
“Esta causa nos recuerda porqué elegimos esta profesión (..) El sistema chileno de responsabilidad del Estado por errores judiciales y administrativos en la persecución penal, es sumamente deficiente, sin embargo creemos que las características de los errores en este caso; errores groseros, que se habrían evitado con la lectura más superficial de la carpeta investigativa, facilitaran mucho la resolución de la causa”, comentaron Paulo Román y Gustavo Delgado de Aninat Schwencke. “Esperamos que las acciones judiciales para reclamar la injusticia que sufrió pueda ayudarlo a recuperar la tranquilidad y a limpiar su reputación” agregaron.
La Defensoría Penal Pública y Pro Bono firmaron a principios de 2016 una alianza estratégica para que, durante dos años, estudios o empresas miembros de la organización representen a personas injustamente acusadas por la justicia.
