“Las personas trans han estado expuestas desde su infancia a la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales. No se les reconoce su derecho a la identidad, que es el piso mínimo para desarrollarse plenamente”. Bajo esta convicción, los abogados Lucía Alvarez y Nicolás Morales del estudio FerradaNehme, presentaron en julio de 2017 una demanda para exigir cambio de nombre y sexo de un cliente que llegó hasta las oficinas de Fundación Pro Bono.
Cuando tenía tan solo 14 años, Francisco, quien nació biológicamente de sexo femenino, tomó los primeros pasos para dar a conocer su identidad de género y comenzó a presentarse ante su entorno como hombre. Ello le valió años de burlas e insultos dentro de su contexto escolar y, en consecuencia, la firme decisión de comenzar un tratamiento psicológico y hormonal orientado a lograr una transformación que estaría repleta de sucesos íntimos y complejos. Así se sometió a una adenomastectomía bilateral, a una histerectomía total y a una cirugía de reasignación de sexo.
“La discordancia entre el nombre social y el nombre legal con la que viven las personas trans les impide hacer cosas tan cotidianas como hacer trámites en el banco, ir al doctor, o matricularse en alguna casa de estudios”, explica el equipo de abogados. De hecho su representado se vio obligado a reprobar el examen de conducir por no coincidir su nombre con su apariencia.
Tras cinco meses desde presentada la demanda y aludiendo al derecho fundamental de nacer libres e iguales en dignidad de derechos, a los tratados internacionales y al que el Estado está al servicio de la persona humana, el 8vo juzgado civil de Santiago acogió la solicitud y Francisco pudo inscribirse con este nombre.
Este éxito judicial se suma a otros casos llevados por el estudio en esta temática. Así todo, Nicolás y Lucía reconocen los vacíos en la normativa y alertan sobre la urgencia de despachar la Ley de Identidad de Género. “El proceso se basa en una norma que no está pensada para la realidad trans y que, por tanto, no recoge ni se hace cargo de las particularidades de dicha condición.
Por ello queda a criterio de cada juez definir cómo abordará las solicitudes y hay ser claros en que, a pesar de que los avances en la jurisprudencia, donde por ejemplo ya no se exigen operaciones de cambio de sexo para efectuar el cambio de identidad legal, siguen existiendo discriminaciones dentro del mismo procedimiento, en particular respecto de solicitudes de peritajes que no son requeridos por la norma”, comentan.
Foto: Nicolás Morales y Lucía Álvarez de FerradaNehme
Esto, explican, es una práctica común de los tribunales y dado a que los peritajes se realizan en el Servicio Médico Legal se atrasa el procedimiento legal en alrededor de 4 meses, sumado a que existe un desconocimiento en algunos funcionarios de la circular que “Instruye cumplimiento de Guía Técnica Pericial de Sexología Forense para casos de personas trans e intersex”, por lo que muchas personas son sometidas a vejámenes en la realización de exámenes sexológicos que, vale recordar, no son requeridos por la norma.
