Por una solicitud de TECHO a Fundación Pro Bono, el estudio Abogabir & Cía., a través de su socio Felipe Abogabir y del abogado Juan Carlos Godoy, asumió voluntariamente una demanda de precario que se había interpuesto en contra de seis personas por el uso de un inmueble ubicado en la comuna de Quilicura, en el que habitaban ya por cerca de 30 años.
El dueño del mismo alegaba que los demandados usaron la casa por medio de este figura legal, pidiendo así su desalojo y la rápida restitución del inmueble. Los demandados, por su lado, indicaron que se encontraban amparados por una declaración jurada del anterior propietario que les permitía utilizar ese espacio, de quien heredó el actual dueño, y que por tanto no se constituía precario en la medida que faltaría el requisito esencial de existir “ignorancia o mera tolerancia” por parte del dueño.
En marzo de este año ambas partes lograron un acuerdo en el 17 Juzgado Civil de Santiago que les permitió terminar el juicio y convenir el desalojo de los demandados pero no hasta después de un año, permitiendo así que puedan reubicarse con tiempo y con las condiciones necesarias. Los demandados se comprometieron al pago mensual por gastos de luz y además a entregar todas las facilidades para el cierre perimetral del recinto.
Hablamos con el equipo a cargo del caso.
¿Por qué les interesó tomar este caso?
Básicamente porque en el caso estaba involucrada la Fundación Techo, de la que tenemos una gran estima y nos pareció que era un doble aporte a la sociedad; por una parte prestábamos una ayuda concreta en nuestro expertise judicial y de paso intentábamos gestionar plazos para obtener techo a personas que carecen de una casa habitación para cubrir sus necesidades de existencia y de vida;
¿Se trata de una situación recurrente en Chile y cuál ha sido el curso que normalmente han tomado estas causas?
Efectivamente es una situación recurrente y el curso y resultado depende fundamentalmente de los hechos que la configuran.
¿Por qué motivos deciden llegar a un acuerdo?
Fundamentalmente fue por un factor de orden práctico, ya que se cumplía a cabalidad con los plazos mínimos que ellos requerían para tramitar nuevos beneficios en otro sector y porque finalmente la causa estaba destinada a fracasar, por los hechos y circunstancias que se nos exhibieron sobre la materia.
