Cada año, miles de personas inocentes en Chile enfrentan prisión preventiva sin haber cometido delito alguno. El Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública, visibiliza estas historias y denuncia las fallas estructurales del sistema judicial que arrasan con vidas y reputaciones. Los casos de Julio Lorca y Nardy Ribera reflejan el trauma, el abandono estatal y la lucha por una reparación que rara vez llega. Mientras el Estado se resiste a pedir perdón, las víctimas siguen buscando justicia y dignidad.
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La Fundación Pro Bono (FPB), que agrupa distintos estudios jurídicos que toman estos casos libres de costos, es desde 2016 una de las colaboradoras del proyecto. “A través de FPB, triangulamos a la Defensoría Penal Pública y a los estudios jurídicos miembros de la fundación y, mes a mes, hacemos el seguimiento de los casos”, explica Andrés Sepúlveda, abogado de FPB.
Para Eva Méndez, directora ejecutiva de FPB, esta alianza es “una manifestación robusta de que la colaboración público-privada es indispensable para abordar aquellos temas en que el Estado no da abasto”.
Hasta ahora, la FPB ha presentado tres demandas civiles contra el Estado, en las que se han obtenido dos condenas (una firme y otra en apelación).
“Muchas veces la forma de cerrar el capítulo es a través de una indemnización”, apunta el abogado Aldo Díaz, socio de Colombara Estrategia Legal, despacho jurídico miembro de FPB que ha demandado al Estado en varias ocasiones.
