El acceso a la justicia, muchas veces relegado por otras necesidades del Estado, es uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sostiene la democracia. Cada necesidad jurídica insatisfecha y cada barrera estructural que impide a una persona defender sus derechos, erosionan silenciosamente la confianza ciudadana en el Poder Judicial y en el sistema en su conjunto. En Chile, las brechas de acceso a la justicia representan una vulnerabilidad social crítica, marginando a miles de familias que ven sus derechos postergados. Frente a esto, surge una interrogante ineludible: ¿en quién recae la responsabilidad de acortar esta brecha estructural?
Para responder, debemos analizar la naturaleza del ejercicio legal. La abogacía posee una característica que la distingue de otras disciplinas: ostenta una especie de monopolio técnico y representativo, que no se da en otras áreas. Me gusta llamarlo “la llave de la justicia”, porque somos nosotros, abogados y abogadas, los únicos quienes pueden entregar este acceso igualitario. Somos quienes poseemos la habilitación legal imprescindible para activar el sistema judicial. Si un profesional no decide girar esa llave y abrir la puerta, el ciudadano vulnerable se queda fuera, condenado al desamparo institucional. Por consiguiente, su rol es clave —si no único— para disminuir la brecha de acceso a la justicia en Chile.
No obstante, esta profunda responsabilidad cívica y ética no emerge de forma espontánea con la ceremonia de titulación ni con la entrega del diploma profesional. No dudo que a muchos les pase naturalmente, pero se trata de un ethos que debe ser cultivado, impartido y motivado intensamente desde los cimientos de la formación académica. De allí deriva la necesidad de promover, impartir y motivar el trabajo pro bono desde temprano en la carrera de derecho. Mostrar a los futuros profesionales el efecto transformador y la enorme necesidad que tiene su conocimiento técnico frente a las urgencias sociales, es indispensable para forjar una cultura jurídica mucho más solidaria, humana y anclada a la realidad del país.
El Desafío Pro Bono busca hacer esto desde hace 14 años. Esta iniciativa ha desafiado ininterrumpidamente a los alumnos de derecho de Chile a resolver problemas socio jurídicos desde el derecho, invitándolos a salir de los libros teóricos para conectar con las comunidades. Durante más de una década de trabajo, hemos comprobado que los jóvenes talentos legales son capaces de impactar positivamente a agrupaciones sociales vulnerables, demostrando en la práctica que el compromiso tangible con la equidad social no requiere esperar la validación de un título. Y uno de los resultados más importantes de esto es que los profesionales terminan sus proyectos entendiendo el voluntariado legal de mejor forma.
Sin embargo, el esfuerzo que se impulsa desde la sociedad civil demanda una institucionalización rigurosa y definitiva. Surge la necesidad que las escuelas de derecho del país pongan en sus mallas temáticas relacionadas al pro bono. Al incorporar el voluntariado legal como un eje transversal y formal de la educación universitaria, se podrá, en el corto y largo plazo, introducir cada vez más abogados y abogadas al voluntariado legal.
Porque motivar el trabajo pro bono en el pregrado no es un esfuerzo caritativo periférico, sino un mecanismo de defensa irrestricta de nuestra democracia e institucionalidad. Si la anhelada llave de la justicia descansa exclusivamente en las manos de los abogados y abogadas de Chile, nuestro deber moral como ecosistema jurídico es velar celosamente para que las aulas les enseñen a usarla en favor de quienes más lo necesitan, contribuyendo de este modo a cerrar para siempre la profunda brecha de la desigualdad legal.
Publicado originalmente en Legal Industry Reviews.
