Andrea, de 60 años, tiene un 74% de discapacidad luego de sufrir un accidente cerebro vascular en 2012. Tras ello comenzó los trámites para la obtención de una pensión de invalidez, la cual fue aprobada por la AFP en 2016 generándose un saldo a su favor de forma retroactiva de 13 meses, lo cual le había sido constantemente negado por la empresa.
Cuando llegó el momento de cobrar dicho monto, en agosto de 2017, Andrea se enteró en el banco de que el vale vista por casi 2 millones y medio de pesos había sido anteriormente cobrado por otra persona, quien presentó un poder amplio supuestamente otorgado por ella para realizar el retiro. Cuando comenzaron a investigar lo ocurrido, se enteró de que el carnet de identidad presentado si bien contenía sus datos era falso, pues la fotografía correspondía a una de su asesora previsional y la firma en el poder había sido falsificada.
Demanda por estafa
Cristóbal, hermano de Andrea, acudió a la fundación. “Mi hermana estaba muy angustiada”, cuenta. La organización derivó su caso, siendo tomado por los abogados Antonieta Palacios y Rufino Martínez del estudio Contreras Velozo, el cual presentó una demanda por estafa y logró que en abril de 2019 el Séptimo Juzgado de Garantía dictara una sentencia favorable en la que se condenó a un hombre como culpable. Éste había utilizado la fotografía de la asesora previsional de Andrea para cometer la estafa y fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a la suspensión de cargos u oficio público por el tiempo de condena y una multa de 1/3 de UTM. No obstante, el tribunal decidió sustituir la pena privativa de libertad por la remisión condicional de la pena por el período de un año, debiendo el culpable presentarse al Centro de Reinserción Social de San Antonio.
Respecto a las penas de multa, el tribunal las dio por cumplidas por los días de que estuvo privado de libertad, con lo cual Andrea no recuperó su pensión de invalidez. Es por ello que la fundación también se hizo parte de la arista civil del caso. Ésta fue derivada y asumida por Banco Santander, institución en la que ocurrió el delito. En la empresa el abogado encargado del área Fraudes, Luis De Pablo Goya, tomó el caso. “Personalmente creo que hay que hacerse responsable de los actos y si uno de ellos afecta a otro es importante reconocerlo y encontrar una solución para reparar algún eventual daño. Al conocer a doña Andrea me dio mucha alegría poder ayudarla”. Luego de realizar gestiones al interior de la institución, el abogado logró que a Andrea se le restituyera el dinero. “Recuerdo su cara de felicidad el último día que nos vimos” comenta.
“Los abogados nunca nos dejaron solos… gracias a ustedes pudimos recuperar el dinero”, comenta Cristóbal, recordando que cuando se enteraron del fraude habían dado todo por perdido.
