Paulina Corral: La brecha que esconde la desconfianza en la justicia

A raíz de la desconfianza en la justicia, Paulina Corral, escribió una columna sobre las brechas que hay que superar para cambiar este ánimo frente a la justicia.

Paulina Corral, coordinadora de Fundación Pro Bono, publicó recientemente en El Mercurio Legal una columna a raíz de la desconfianza en la justicia que nuestra sociedad está experimentando, que ilustra de manera contundente las distintas problemáticas que se ven en este ámbito.

Sin duda, se trata de un tema que preocupa profundamente, especialmente al ver la brecha que existe en el acceso a la justicia. Este es uno de los temas que Fundación Pro Bono está comprometido para darle un ambito. Te invitamos a leer la columna completa a continuación:

De acuerdo con la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), los Tribunales de Justicia son una de las instituciones con menor nivel de confianza entre los chilenos. Sólo un 16% de las personas consultadas dijeron confiar en la institución, superando sólo a la televisión (14%), redes sociales (14%), Congreso (8%) y los partidos políticos (3%). Esta falta de confianza en el sistema judicial, cualquiera sea su origen, puede ser fatal para la paz y cohesión social que se está forjando en la actualidad.

La duración de los procesos judiciales y los altos costos asociados a ellos, han desalentado a la población a acudir al sistema, generando la sensación que la justicia es un privilegio de algunos y que sólo se puede llegar a ella a través de la autotutela. Prueba de ello se puede ver constantemente en redes sociales y la masificación de las llamadas “funas”.

Destrabar el acceso a la justicia implica, por ejemplo, promover sistemas alternativos de resolución de conflictos, que permitan a las mismas partes solucionar sus problemáticas sin tener que sostener un juicio completo, con lo que eso conlleva. En el derecho civil, se podrían fortalecer algunos mecanismos, como la conciliación, mediación o arbitraje; mientras que en sede penal, se puede revisar los acuerdos reparatorios, que podrían servir como instancia de diálogo y reparación entre víctima e imputado.

También se debería garantizar el derecho a la información y la comprensión de los procesos. No basta un sistema electrónico que permita revisar el estado de una causa, si no existen por ejemplo, oficinas o unidades de atención que entreguen información oportuna al público que no está familiarizado con la digitalización o que simplemente no comprende la lógica ni el lenguaje jurídico.

Como siempre, los más afectados son los grupos vulnerables, el cual ha aumentado estrepitosamente los últimos años. La brecha entre quienes no pueden optar a la atención gratuita del Estado y quienes no pueden solventar un abogado privado, crece de forma alarmante.Son estos los casos donde Fundación Pro Bono juega un papel fundamental en proporcionar el acceso a la justicia. Clientes pro bono que han ido en fuerte aumento en el último tiempo.

Según el registro de ingresos de casos que llegan a la Fundación se ve un fuerte incremento entre quienes entran en este grupo de personas: Si entre enero y marzo de 2021 se recibieron 145 casos en la Fundación, en el mismo trimestre de 2022 esa cifra subió a 287, y en 2023 alcanzó los 359 casos.

La sociedad civil ha sido indispensable para mejorar algunas de las problemáticas que se ven en el acceso a la justicia, haciéndose cargo -en parte- de una fisura que se ha hecho cada vez más grande. Por ejemplo, Fundación Pro Bono, que por más de 20 años promueve el voluntariado legal de estudios jurídicos y departamentos legales, ha logrado atender a más de 14 mil personas, incluyendo la atención legal del Proyecto Inocentes, en virtud del cual abogados representan a personas que han sido privadas de libertad, sin ser culpables de un delito. Pero se necesita de un cambio más estructural para aminorar esta brecha.

Invocar «la justicia» suele ser un recurso retórico común en el lenguaje político. Es crucial abordar estos desafíos de manera integral, implementando medidas que simplifiquen los trámites legales, reduzcan los costos y promuevan una mayor equidad en el sistema de justicia. Solo así podremos garantizar un sistema legal más accesible, indispensable para el desarrollo social, político y económico de nuestro país.