En un contexto donde el debate sobre ESG (Environmental, Social, and Governance) y el negocio responsable cobra relevancia, la perspectiva del voluntariado legal se destaca como un elemento clave. A través del voluntariado legal, se pueden incorporar prácticas empresariales sostenibles que benefician tanto a la empresa como a la sociedad.
Así lo explica Eva Méndez, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, en su columna en el Legal Industry Review, en donde resalta la importancia de integrar estos estándares para mejorar la reputación corporativa, mitigar riesgos y promover la sostenibilidad a largo plazo, demostrando que el compromiso social y la responsabilidad ambiental son fundamentales para el futuro de los negocios.
Puedes leer la columna integra a continuación:
Se ha observado una especie de desidia o más bien, una postura anti- ESG que está siendo protagonista en algunos sectores y países.
En efecto David Atkin, consejero delegado del PRI (Principles for Responsible Investment, iniciativa de la ONU en favor de la inversión responsable). Dijo en una actividad en Madrid, España este mes que ha visto como ha tomado revuelo el lenguaje anti ESG en EEUU, además se desprende de su ponencia que todos los otros continentes continúan en la dirección correcta, es decir hacia el negocio responsable. Sin duda es un tema no pacífico en EEUU entendiéndolo en el contexto del país y asimismo si lo vemos desde la obligatoriedad y la falta de libertad en la adopción de políticas internas en las empresas.
Es indispensable que la mutación en la forma en que abordaremos los estándares, llámense ESG o negocio responsable no nos quite la lucidez de identificar la correcta y buena dirección de los avances. El término “negocio responsable” otorga la facilidad de incorporar nuevos estándares, que complementen a los antiguos ESG, ampliar el radio de acción y así dar más libertad para las empresas sobre todo para aquellos que aducen la falta de esta.
Es decir flexibilizamos la cantidad de factores y estándares a abordar y nos permite crear aún más beneficios para ser un negocio responsable. Desde mi mirada es a todas luces una oportunidad que no se borre lo realizado sino que mute a una ampliación, pues de lo que no hay duda es que impacta positivamente en la reputación corporativa de la empresa y del país en la que ésta desarrolla sus actividades. Como lo demuestra en Chile, el estudio “ESG y gestión de la reputación: una mirada empresarial“, realizado por Acción Empresas y Azerta en 2023, el 93% de los ejecutivos líderes consultados enfatizó la importancia del buen desempeño ESG para la reputación corporativa. Sin embargo, el 60% calificó como “bajo” el desempeño ESG en su propio sector, revelando brechas significativas en la implementación de estrategias y modelos de gestión al respecto.
En lo que al voluntariado legal respecta, independiente del uso del lenguaje si le llamamos ESG o negocio responsable la integración efectiva de estos estándares o cuantos otros se nos puedan ocurrir en las prácticas empresariales genera beneficios significativos a largo plazo, tanto para la empresa como para la humanidad. Al adoptar un enfoque global que abarque no solo el rendimiento financiero, sino también el impacto ambiental, social y en los gobiernos corporativos, las empresas pueden mejorar su reputación, mitigar riesgos y fomentar la sostenibilidad a largo plazo.
El pro bono de los estudios jurídicos y las empresas a través de sus departamentos legales otorga una forma concreta de aterrizar en el negocio responsable y traza estrategias claras y medibles respecto al compromiso social que pueden tener.
El pro bono va más allá de ayudar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones sociales y microempresarios, es la certeza y la materialización del acceso a la justicia, derecho humano esencial y base para otros derechos humanos fundamentales generando además un impacto positivo cumpliendo con las métricas sociales y de sostenibilidad.
Fundación Pro Bono es una alternativa eficaz y diligente para organizar el voluntariado legal dentro de las gerencias legales y estudios jurídicos e integrar los estándares con sus respectivas mediciones y el beneficio directo para organizaciones sociales, microempresarios y grupos vulnerables.
