En el vasto y complejo universo de la justicia chilena, un caso resonante ilumina la importancia de la accesibilidad legal para todos, especialmente para aquellos en la base de la pirámide empresarial. Se trata de la historia de un pequeño contratista, dueño de una microempresa, quien se vio envuelto en una disputa legal con una empresa inmobiliaria, y que tuvo una salida gracias a un convenio entre Fundación Pro Bono y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago).
El origen del conflicto radica en un contrato de suma alzada firmado por el contratista para realizar arreglos en un jardín y otras reparaciones menores durante la construcción de un edificio habitacional. A pesar de su desconocimiento sobre las cláusulas de arbitraje mixto ante el CAM Santiago, el contratista firmó el contrato, motivado por la necesidad de asegurar el negocio. Sin embargo, al finalizar el trabajo y enfrentarse a la negativa de la empresa inmobiliaria de efectuar el pago acordado, descubrió la complejidad y el costo implicado en la demanda de sus derechos a través del sistema de arbitraje.
En este contexto, el caso fue derivado a Fundación Pro Bono, transformándose en el primer caso que se lleva adelante con el convenio entre ambas instituciones. Esto significa que el cliente pro bono se le designó un estudio jurídico miembro de Fundación Pro Bono, que fue Garnham Abogados, quienes representaron gratuitamente al contratista en el arbitraje. Mientras que por su lado, el CAM Santiago, lo eximió de pago de la tasa y de los honorarios del árbitro.
“Creemos que el convenio ha sido positivo, pues a través de él se está cumpliendo el objetivo de derribar una barrera de entrada al acceso a la justicia”, dice Simón Zañartu, socio de Garnham Abogados y quien lideró el arbitraje por parte de Fundación Pro Bono. Además, agrega que, “en comparación con la justicia estatal los arbitrajes tienen una serie de ventajas, pues generalmente son más rápidos, flexibles y eficaces, y si el arbitraje es institucional, además se le incorpora una orgánica administrativa que los hace eficientes. Si a esto le sumamos la robusta tradición arbitral que tiene Chile, donde se respetan las instrucciones y decisiones de los árbitros, se entiende por qué éstos son cada vez más requeridos, al punto en que es común que en los contratos se pacte el arbitraje por defecto, es decir, sin que las partes −asesoradas por un abogado o no− hayan hecho el debido análisis sobre sus costos”, asegura el miembro del Consejo Consultivo de Fundación Pro Bono.
La batalla legal culminó con un laudo favorable para el contratista, reconociendo la existencia del contrato, la prestación del servicio, y el derecho a recibir los pagos adeudados. Sin embargo, la victoria legal no se traduce inmediatamente en justicia económica, ya que el contratista aún enfrenta la lucha por la ejecución de la sentencia y el efectivo pago de lo adeudado.
“Lamentablemente, y pese a que el arbitraje se tramitó y se falló de manera impecable, el mandante aún no cumple con su obligación de pago de lo adeudado, y en este momento nos encontramos en la etapa de ejecución de la sentencia”, complementa Zañartu.
Este caso no solo destaca por su resultado, sino también por arrojar luz sobre las ventajas y desafíos del sistema de arbitraje en Chile, evidenciando la brecha entre la justicia formal y el acceso real a ella para microempresarios y partes vulnerables. La intervención de Fundación Pro Bono y el CAM Santiago en este caso simboliza un esfuerzo colaborativo para derribar las barreras económicas que limitan el acceso a la justicia.
Puedes revisar nuestro Programa de Arbitraje Pro Bono aquí.
