El proceso de cambios que está viviendo el país, muchas veces enlodado por la contingencia, no puede dejar de lado la idea de mejorar el acceso a la justicia. Especialmente para quienes están quedando excluidos actualmente de una defensa pública y fuera del alcance de una defensa privada, en donde la ayuda ha llegado -casi únicamente- desde la sociedad civil.
Todas las semanas llegan decenas de casos a Fundación Pro Bono de personas que buscan solución a sus problemáticas legales. Se trata de un alto porcentaje de personas que no logran obtener acceso adecuado a la justicia, sea por parte del Estado o por sus propios medios. Una situación que, en los últimos períodos, ha ido en firme aumento.
Así lo muestran las cifras de casos ingresados a la fundación durante el primer trimestre de 2023. Si entre enero y marzo de 2021 se recibieron 145 casos en la fundación, en 2022 esa cifra subió a 287, y en 2023 alcanzó los 359 casos. Esto significa que en tres años la cantidad de casos tuvo un incremento de 148%, superando el doble de la cifra original.
Este panorama deja en claro que existen falencias en el sistema de acceso a la justicia, que está afectando directamente a la población, en donde se tienen que implementar mejoras a las políticas públicas relacionadas a este ámbito. Especialmente en el contexto actual que vive el país, en el que se están llevando adelante grandes reformas en términos de deberes y derechos que regirán en Chile.
Desde Fundación Pro Bono, organización que desde hace más de 20 años trabaja para lograr el acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables, conocemos a través de la experiencia propia las limitaciones estructurales del sistema. Y en esa experticia hemos aportado en las distintas instancias para incidir directamente en políticas públicas, como fue nuestra propuesta para integrar este concepto en la próxima constitución del país.
Desde una perspectiva técnica, buscamos construir un sistema de justicia integral en el que las personas reciban orientación y educación legal para ejercer sus derechos y puedan romper la barrera que distancia a la justicia del ciudadano. Brecha que se extendió por el escenario económico y social que hemos vivido en el último tiempo, especialmente en el grupo socioeconómico medio. Personas pertenecientes a una clase media cada vez más empobrecida, que quedan fuera del sistema, en su mayoría por falta de recursos y que no están recibiendo atención a sus necesidades legales.
Fundación Pro Bono, desde su práctica, ha elaborado varias propuestas en distintos ámbitos legales, a través de Mesas de Trabajo, generando manuales e informes, incidiendo en proyectos de Ley y presentando propuestas a actores claves en el proceso constituyente. Y a pesar de que a veces existen contratiempos, creemos que eso no significa que debamos olvidar el acceso a la justicia. Todo lo contrario.
Más que nunca serán necesarias entidades como la Fundación Pro Bono, quienes en ausencia de la estructura estatal necesaria, y en uso de su profundas y sólidas conexiones con la sociedad civil, estudios jurídicos y departamentos legales miembros, serán quienes tendrán en sus manos la misión de aportar en el acceso a la justicia con el estándar que el Estado se ha autoimpuesto pero que, al menos al día de hoy, no está en condiciones de cumplir.
Esta columna fue originalmente publicada en la Revista del Abogado, del Colegio de Abogados de Chile.
