Las organizaciones de la sociedad civil constituyen un pilar esencial en nuestro sistema democrático, pues su acción social se dirige a espacios de vulnerabilidad donde el Estado no alcanza. Así vemos como, por ejemplo, Fundación Las Rosas, Fundación Techo para Chile, el Hogar de Cristo y la Teletón han llenado lagunas dentro de las políticas públicas relacionadas con adultos mayores, vivienda social, personas en situación de calle y personas en situación de discapacidad, respectivamente.
Esto se ha evidenciado particularmente en tiempos en los que existe una profunda crisis de confianza en las instituciones y, más aún, en situaciones de catástrofe donde son las organizaciones de la sociedad civil quienes articulan la colaboración privada al apoyar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, la sostenibilidad de estas organizaciones se ha visto históricamente limitada por un marco normativo que sospecha de la filantropía, imponiendo barreras a la recepción de donaciones que hoy son fundamentales para su sobrevivencia, más aún en los tiempos que corren en los que la falta de fuentes de financiamiento se ha agudizado por la pandemia.
Sumado a lo anterior, la regulación del sistema de donaciones está fragmentada en diversos cuerpos legales que otorgan franquicias tributarias especiales y son aplicables a distintos donantes como donatarios. De esta manera, al momento de efectuar una donación, el cuerpo normativo y el beneficio al que podrá acceder el donante dependerá de la finalidad de la donación, el tipo de contribuyente del donante, su resultado tributario, el monto de la donación, el bien a donar, los beneficios tributarios disponibles, entre muchos otros. Además, esta dispersión de leyes especiales provoca que el procedimiento establecido para que una persona jurídica sin fines de lucro pueda acogerse, a una u otra, sea diferente en cada caso y depende de distintas entidades que discrecionalmente definen sus propios criterios y parámetros. Lo anterior, genera que en muchas ocasiones las organizaciones no logren acceder a estas donaciones. Que permiten sustentar en gran parte el cumplimiento de su misión y trabajo, por no cumplir con esa diversidad de requisitos, y que finalmente solamente organizaciones sofisticadas, con el apoyo experto de tributaristas, puedan obtener el tan ansiado certificado de donaciones.
De ahí que la simplificación y unificación de nuestro sistema de donaciones fue considerada por el ex ministro de hacienda, Ignacio Briones, como una prioridad en la agenda pública para el último periodo del presente gobierno. Hacemos un llamado al nuevo ministro de hacienda, Rodrigo Cerda, a continuar impulsando el proyecto de Ley Única de Donaciones, reconociendo la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la participación, asociación y colaboración ciudadana en Chile, como ocurre en varios otros países.
Macarena Ravinet L.
Presidenta Fundación Pro Bono
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