La vida de este cliente pro bono cambió drásticamente una tarde de febrero de 2021 en Maipú. Lo que comenzó como una serie de hostigamientos y actos de discriminación por su orientación sexual, escaló a un nivel de violencia inimaginable. Como relató uno de los abogados que tomó el caso, Pablo Araya, recibieron la derivación y se encontraron con «un caso sensible, era un caso penal donde una persona había sufrido una agresión cerca de su casa, que la había dejado graves secuelas y que la agresión habría sido en atención a su orientación sexual».
Esta agresión no fue un hecho aislado; revisando la investigación, se constató una «escalada de agresión» previa, incluyendo amenazas y hostigamiento por parte de un vecino. La violenta paliza final, perpetrada por varios individuos y con extrema saña –»le pegaron el piso, le pegaron con una manopla en la cabeza»–, tuvo consecuencias devastadoras. La víctima de estos ataques, representado por el voluntariado legal, quedó con secuelas físicas permanentes, acreditadas por la Comisión Médica Regional, que le impiden trabajar y le otorgan un grado de discapacidad. Habiendo sido rechazado en otros lugares, llegó a Fundación Pro Bono como su «última opción para ver si es que podía conseguir algún tipo de asistencia legal especializada».
El camino hacia la justicia fue largo y emocionalmente desgastante, extendiéndose por más de tres años. Para los abogados Pablo Araya y Rodrigo Ruiz, del estudio jurídico Quintana Ried Flores (QRF) y miembros de la red de Fundación Pro Bono, acompañar al cliente pro bono implicó un desafío que trascendió lo legal. Como explica Araya, uno de los grandes retos fue «manejar también la ansiedad, manejar un poco la desesperanza de una persona que fue tocando puertas que no le respondió nadie».
Los tiempos judiciales, a menudo frustrantes por demoras en informes y audiencias reprogramadas, chocaban con la necesidad de respuestas.
«Los tiempos legales son muy distintos a los tiempos que le gustaría a una persona», señala Ruiz. En esos momentos de tensión, fue clave la contención y la comunicación clara, lo que implica «escucharlo, entenderlo, establecer un diálogo, tratar de ver qué es lo que en verdad están buscando. Ser claro y explicar las cosas complejas en términos sencillos». Este acompañamiento humano fue fundamental para sobrellevar el proceso.
Desde la perspectiva legal, el caso requirió una estrategia meticulosa. A pesar de que los juicios penales «no es lo más atractivo de tomar para un abogado porque es un compromiso largo», el equipo decidió asumir el caso para «tratar de ayudar al cliente pro bono desde nuestra área de expertise, que es la legal». El objetivo principal, según Araya, era que se consiguiera «una sentencia condenatoria en la cual la justicia reconociera que él fue agredido y que esas lesiones fueron en atención a su orientación sexual».
Para lograrlo, trabajaron intensamente en acreditar la agravante de la Ley Zamudio (Ley 20.609), que sanciona los delitos motivados por odio o discriminación. Rodrigo Ruiz detalla que esta agravante es «poco utilizada lamentablemente» porque «requiere de mucha prueba». Demostrar que «lo que motivó a la persona a producir el crimen es que él tenía un un odio hacia el cliente pro bono en razón de su orientación sexual» fue un pilar central del caso. Y gracias a las denuncias que realizó cada vez que sufría un ataque por este grupo de personas, una cruda realidad de la discriminación sufrida por el cliente pro bono, se pudo acreditar.
El 20 de marzo de 2025 se logró condena en procedimiento abreviado en contra de su agresor, quien fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, junto con las demás penas accesorias.
Durante 25 años, Fundación Pro Bono ha sido un puente crucial hacia la justicia para miles de personas vulnerables. Para abogados como Pablo Araya y Rodrigo Ruiz, esta labor es vista casi como un deber: «conectar tu ejercicio profesional con la realidad social, con la realidad del país, es un elemento súper importante». Aunque reconocen las limitaciones, el impacto individual es profundo. Como reflexiona Ruiz, a través del trabajo pro bono, uno tiene «la oportunidad de utilizar las herramientas legales que existen para llevar a la persona a obtener justicia o al menos una una reparación que pueda ser suficiente». Esta ayuda, concluye, «puede ser crucial» y, aunque no resuelva «los problemas del mundo», permite «aportar con un granito de arena», fortaleciendo el acceso a la justicia y la confianza en el sistema.
