Tarapacá fue el escenario de dos graves errores judiciales que terminaron con un ciudadano y una ciudadana boliviana privados de libertad injustamente, ya que se estableció que eran inocentes. Ambos casos ocurrieron con 10 años de diferencia, el mismo tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a funcionar en el país el “Proyecto Inocentes”, en agosto de 2013, liderado por la Defensoría Penal Pública en alianza con la Fundación Pro Bono.
Así comienza el artículo publicado el sábado pasado por La Tercera, en donde se destacada la participación de la Fundación en el Proyecto Inocentes, donde cientos de personas han sido privadas de libertad a pesar de no ser culpables. A una década del comienzo de esta iniciativa, se registra que -a junio de este año- han habido 39.235 personas que fueron imputadas de un delito que no cometieron, que estuvieron presas y que luego fueron sobreseídas o absueltas.
Miles son los rostros de los inocentes privados de libertad. Estos casos varían desde los emblemáticos hasta aquellos que han pasado desapercibidos ante la injusticia que han sufrido. Es precisamente a ellos a quienes apunta este proyecto. Su objetivo es reparar el daño público asociado a la injusta privación de libertad. Estas personas no deberían haber estado presas y carecen de cualquier tipo de reparación por parte del Estado, ya sea social o de otro tipo. Les brindamos un espacio para que sus historias sean visibilizadas, para mostrar al mundo cómo fueron injustamente privadas de su libertad. Así lo explica el defensor nacional:
«Es impactante, más todavía cuando le toca a alguien cercano. La gente puede decir ‘bueno, 40 mil personas no es tanto’, pero para cada una de esas vidas el impacto es inmenso a nivel sicológico, laboral, social (…) El mayor problema es la calidad de las investigaciones de la Fiscalía, ahí están al debe aún y creo que están conscientes”, sostuvo.
