En su intento de detener el ataque de un tercero contra una mujer, el cliente pro bono sufrió tres puñaladas que pusieron en peligro su vida. Nicolás, como se le llamará para proteger su identidad, no dudó en intervenir cuando vio a su primo tratando de abusar de una mujer. Se lanzó contra él para evitar el acto, resultando en un enfrentamiento que terminó con tres heridas de arma blanca. Después de más de 2 años desde el incidente, y tras su recuperación, se logró una condena contra el responsable de estos hechos.
«Me trasladaron en una ambulancia aérea debido a las heridas, que pudieron haberme costado la vida. Sin embargo, donde vivo es una zona rural, por lo que recibí primeros auxilios de dos médicos antes de ser trasladado en avión al hospital de la zona. Fue allí donde supe que me habían apuñalado un pulmón, un riñón y el abdomen», relató Nicolás sobre cómo sobrevivió al ataque de su primo.
Finalmente, estuvo hospitalizado durante casi tres semanas en el hospital regional. Durante ese tiempo, junto a su familia más cercana, recopilaron pruebas y buscaron ayuda para obtener justicia. Sin embargo, la ruralidad en donde se perpetraron los hechos dificultaba encontrar asesoramiento legal. Fue entonces cuando se acercaron a la Fundación Pro Bono.
«El apoyo de mi familia fue fundamental para salir adelante. Sin embargo, fue difícil estar en este pequeño pueblo después de lo que sucedió. Tuve mucho miedo en ese momento y todavía tengo miedo de que algo más pueda suceder», confesó Nicolás.
El 3 de junio de 2021, Nicolás presentó una querella solicitando la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, el juez de garantía de Puerto Cisnes rechazó la solicitud el 9 de febrero de 2022, imponiendo medidas alternativas al acusado: prohibición de acercarse a Nicolás y arraigo regional.
El camino hacia la justicia fue largo y complicado. Uno de los principales desafíos fue la necesidad de trasladarse a la región de Aysén para brindar apoyo a Nicolás durante su proceso judicial. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para el abogado Guillermo Villarroel, asociado de Silva Abogados, quien tomó el caso después de haber conocido a Nicolás durante un viaje a la zona años atrás.
«Existían complicaciones logísticas naturales, considerando la distancia entre nuestra oficina y el lugar donde se cometió el delito, así como la ubicación de la Fiscalía en Puerto Cisnes», explicó Villarroel.
Esto no detuvo al profesional, quien viajó varias veces a la zona para llevar adelante el caso. Finalmente, el 26 de julio de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique emitió un veredicto condenatorio contra el acusado. Se solicitó nuevamente la prisión preventiva, pero una vez más fue rechazada. En su lugar, se impuso arresto domiciliario nocturno de 21:00 a 07:00. Casi un mes después, la sentencia ejecutoriada llegó al juzgado de Puerto Cisnes, marcando el cierre de este caso y la culminación de la lucha de Nicolás por la justicia.
En total, el acusado fue sentenciado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, dejándolo con inhabilitación absoluta para cargos públicos en su calidad de autor de un delito de homicidio simple. Además, recibió 541 días por su responsabilidad en el abuso sexual de una persona mayor de 14 años.
Uno de los principales desafíos de este caso fue la ruralidad y la lejanía en la que ocurrió el hecho. «Soy un firme creyente y defensor de que la tecnología ayuda al derecho y al acceso a la justicia de las personas. Ojalá todas las audiencias pudieran realizarse por videoconferencia, ya que en la capital existe una mayor oferta de servicios, muchos de ellos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, como los que brinda la Fundación Pro Bono a través de sus miembros», destacó Villarroel.
A pesar de las adversidades, Nicolás nunca perdió la esperanza, y su testimonio sigue siendo un caso de éxito para la Fundación Pro Bono, cuyo incansable trabajo ha sido fundamental para garantizar el acceso a la justicia de aquellos que más lo necesitan.
El cliente pro bono recibirá 10 millones de pesos por concepto de daño moral y otro un millón y medio por el daño material emergente.
