Alejandra Ferreiro, abogada y coordinadora del área de organizaciones sociales de Fundación Pro Bono, escribió una columna de opinión para El Mercurio Legal sobre las brechas en el acceso a la justicia que se vieron durante la revisión de Chile por el Comité de DDHH. Puedes revisar la publicación original o a continuación:
En marzo nuestro país se sometió por séptima vez al examen que efectúa el Comité de DDHH de la ONU (Comité), para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), luego de 10 años de su última revisión.
Esta se trata de una instancia de gran relevancia para los Estados, en donde participan distintos actores, como autoridades claves del país, y los expertos miembros del Comité. En el caso de Chile, colaboraron altas autoridades tales como el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, además de un representante del Poder Judicial y del Congreso Nacional.
Asimismo, la sociedad civil fue protagonista de este proceso, ya que más de 40 organizaciones sociales intervinieron presentando sus observaciones, que fueron recabadas y estudiadas por expertos, para modernizar aspectos claves en el cumplimiento de los derechos humanos.
De hecho, el rol que cumplimos organizaciones como Fundación Pro Bono y la Comunidad de Organizaciones Solidarias fue esencial, ya que ambas presentamos informes paralelos acerca de temas que nos aquejan y que se encuentran contenidos en el PIDCP.
En específico, como Pro Bono participamos haciendo recomendaciones por medio de un informe sobre la independencia en la elección de jueces y fiscales; en una reunión informal con miembros del Comité; y por medio del envío de una minuta acerca del derecho de acceso a la justicia, que es justamente uno de los temas destacados en el informe final del Comité.
En nuestro informe explicamos cuál es el proceso de elección de jueces y fiscales existente, destacando la relevancia de aplicar principios de autonomía, probidad y transparencia en su designación. Adicionalmente, en cuanto a la asistencia jurídica gratuita, señalamos cuál es el marco general de Chile, y subrayamos que, si bien existen instituciones que proveen de servicios legales gratuitos, hay personas que no califican dentro de los criterios preestablecidos y que por lo tanto, no pueden acceder a este derecho.
Así, aconsejamos ampliar y fortalecer los mecanismos de asistencia jurídica gratuita que actualmente ofrece el sistema, ya que las instituciones existentes dejan fuera por sus criterios a ciertas personas, y no tienen capacidad y cobertura a lo largo de todo el país, siendo insuficiente la oferta para cubrir la necesidad de la ciudadanía. También, sugerimos reducir barreras de acceso a la justicia, tales como costos y tiempos de tramitación, y la creación de una institución destinada a fortalecer la orientación e información en derechos a la ciudadanía.
El resultado de todo este trabajo se puede observar en las conclusiones del Comité emitidas el pasado 28 de marzo, en el cual se contienen las recomendaciones finales. En cuanto a los temas levantados por Fundación Pro Bono, el Comité acogió nuestras recomendaciones, sugiriendo al Estado de Chile asegurar la independencia en la elección de jueces y fiscales, adecuándose a los Principios Básicos de la ONU, y garantizar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos los chilenos.
Que nuestras recomendaciones fueren acogidas es, de alguna manera, el reconocimiento a los 23 años de trayectoria de la Fundación Pro Bono en que el férreo compromiso con el acceso a la justicia, prestando servicios jurídicos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales, que en caso contrario quedarían sin asistencia.
