Cuando sucedieron los hechos los clientes pro bono tenían 17 años y pasaron nueve días privados de libertad en un centro del Sename.
El 9 de septiembre de 2015 fue una fecha que cambió la vida de dos adolescentes de 17 años. Estos jóvenes fueron injustamente acusados de robar una joyería en Santiago, desencadenando un largo proceso en busca de justicia que, a pesar de los resultados casi una década después, no los deja del todo felices.
Y es que ese día, los medios de comunicación mostraron cómo estos dos jóvenes, ahora adultos, salían del Hospital San José en su camino a sus casas en Tiltil, cuando un Carabinero los detuvo violentamente, apuntando su arma a sus cabezas y acusándolos de cometer el robo de una joyería en el centro de la capital. De hecho, ese mismo día fueron formalizados por delitos de robo con intimidación, porte de arma de fuego y receptación.
Sin embargo, nada de eso era cierto. Los adolescentes se encontraban en el lugar, porque iban saliendo del hospital después de una cita médica y durante el tiempo en que se cometió el delito, se encontraban dentro del recinto hospitalario de la comuna de Independencia.
Así lo informó la Defensoría Penal Pública al día siguiente de los hechos, en la audiencia de control de la detención, donde el defensor público juvenil Francisco Concha presentó certificados del Liceo de Tiltil y del Hospital San José que demostraban que sus defendidos, identificados con las iniciales C.S.S. y F.O.O., estaban en el hospital al momento del robo. Uno de ellos estaba recibiendo terapia de kinesioterapia por una lesión en los ligamentos, mientras que el otro simplemente lo acompañaba.
Sin embargo, para sorpresa de todos, el juez suplente Cristián Ramírez que presidió la audiencia decidió privar de libertad a los dos menores de edad, a pesar de no tener antecedentes penales, y los mantuvo en internación provisoria en un recinto del Sename por 9 días. No fue hasta que la Corte de Apelaciones revisó la apelación presentada por la defensa, a la cual la fiscalía se allanó debido a la contundencia de los antecedentes y fueron puestos en libertad.
«Fueron momentos muy angustiantes como mamá», dice la madre de uno de los jóvenes en conversación con Fundación Pro Bono. «Es muy angustiante que no nos creyeran. Que no creyeran en mi hijo que les explicaba que él no sabía por qué lo estaban deteniendo. Más aún sabiendo los valores y principios con los cuales lo estaba criando», dice.
La madre cuenta que fueron momentos muy fuertes para la familia, porque «tuvieron que aguantar burlas, bullying y hostigamiento continuo, lo que trajo problemas psicológicos. Porque esto pasaba en todos lados, en el colegio, en la población y afuera de la casa por la prensa y Carabineros de Chile», asegura.
Una mañana para el olvido
El certificado del Liceo de Tiltil presentado por la defensa al juez Cristián Ramírez acreditaba que F.O.O. salió del establecimiento cerca de las 9:00 del miércoles 9 de septiembre para continuar su tratamiento de kinesioterapia por la rotura de ligamentos que sufrió jugando fútbol. El defensor señaló que el profesor jefe Abraham Castro explicó que dado que la madre del joven no podía ir con él para ayudarlo en sus dificultades para caminar, se autorizó a su compañero C.S.S. a acompañarlo. Tomaron el bus Tiltil-Santiago cuyo terminal está en Avenida La Paz, cerca del Servicio Médico Legal (SML), y llegaron puntualmente a la 11:30, hora fijada para el tratamiento. El segundo certificado fue emitido por la kinesióloga del Hospital San José, América Meza, donde acredita que los jóvenes estuvieron en la sala de terapia entre las 11:30 y las 12:20 horas.
La persecución del auto Chevrolet Sail rojo en que huían los asaltantes de una joyería en el centro de Santiago culminó con máxima publicidad, ya que cuando el móvil se detuvo frente al SML había numerosos periodistas y camarógrafos por el nuevo peritaje a los restos del cantante Gervasio.
La televisión mostró en vivo a dos de los detenidos inmovilizados en el suelo, que según los uniformados, fueron interceptados cuando huían. No les creyeron cuando dijeron que eran alumnos del Liceo de Titil y sólo iban pasando por el lugar a tomar el bus de vuelta a su hogar después de participar en una sesión más de kinesioterapia. Trataron de exhibir el certificado que les dio la kinesióloga para mostrarlo en el liceo, pero les fue arrebatado y quedó perdido y arrugado en el suelo de las inmediaciones del SML.
La búsqueda de justicia
La negligencia de Carabineros en verificar la coartada de los jóvenes fue sólo el pináculo de una serie de errores que se cometieron ese día y que dejaron a dos familias llenas de desesperanza frente a la justicia chilena. Graves falencias que les costaron 20 horas de detención, 9 días en un centro de reclusión del Sename y 60 días sujetos a medidas cautelares personales.
«Ellos tenían una desconfianza gigantesca con el sistema. Fue un trabajo muy difícil ganarse la confianza de ellos y sus familias, porque el sistema tampoco hace las cosas simples. Imagínate que tuvieron que pasar por el proceso judicial penal, para después iniciar otro proceso civil de reparación. Y después de tanto tiempo, ya no quieren saber nada más. Es tanta la desconfianza, que a pesar que se ganó en la Corte de Apelaciones, tampoco creen que se les va a pagar», cuenta Aldo Díaz, socio de Colombara Estrategia Legal, que llevó el caso pro bono durante este tiempo.
Y es que tras 8 años de llevar adelante el caso, que se hizo a través del Proyecto Inocentes, se logró que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la sentencia que condenó al fisco a indemnizar a los jóvenes por este actuar negligente de la policía, estableciendo la responsabilidad del fisco y elevando a $82.000.000 el monto indemnizatorio total.
Para el tribunal de alzada, “la conducta policial resultó negligente y poco acuciosa, desde que producida la detención, los menores le manifestaron a los funcionarios aprehensores que uno de ellos, recién había sido atendido en un centro asistencial, lo que era fácilmente comprobable, diligencia que la policía no realizó, sino hasta que se decretó, a solicitud de la defensa, cuyo resultado comprobó la versión de los imputados, que desde el inicio del procedimiento policial, relataron a carabineros”, dice el dictamen.
Ese es uno de los puntos que a las familias de los menores más aflicción les provoca. «¿Cómo se acusa a una persona sin averiguar o comprobar antes las pruebas? Si hicieran bien su trabajo no estaríamos pasando por estos acontecimientos, ni nosotros ni nadie más en el país», dice la madre de uno de los jóvenes.
Para el abogado pro bono, Aldo Díaz, hay un problema en cómo la justicia se toma este tipo de casos y que es necesario que el Estado se haga cargo de sus errores más allá del dinero: «Ahora buscamos las disculpas. Que (alguien) diga, sabes qué, nos equivocamos contigo. Cometimos un error. Y así como se publicitó (en los medios de comunicación) a estas personas como delincuentes, se debería rectificar por personas encargadas del Estado. Podría haber sido un Fiscal Nacional por la errónea persecución penal, un Ministro de Corte por la actuación del Juzgado de Garantía o el Ministro del Interior con un acto de reparación público, además de la indemnización”.
Para el abogado del estudio jurídico Colombara, esto último es clave, porque “los estándares internacionales en Derechos Humanos exigen necesariamente un acto de reparación que vaya más allá de la indemnización. Y es por eso que nosotros lo pedimos en la demanda”, concluye.
En este caso participaron Benjamín Gutiérrez, Anna Albano, Jennifer Alfaro, Ciro Colombara y Aldo Díaz por parte del estudio jurídico miembro de Fundación Pro Bono, Colombara Estrategia Legal, junto a Carola Cotroneo.
