En octubre de 2021, un crimen violento en la Región del Biobío dejó a una familia enfrentando no solo una pérdida devastadora, sino también la barrera del sistema legal chileno. Este caso de éxito ilustra cómo la asesoría legal gratuita, coordinada por Fundación Pro Bono, es una herramienta fundamental para garantizar justicia, fortalecer la cohesión social y asegurar que los derechos de las víctimas sean protegidos.
El 26 de octubre de 2021 ocurrió un hecho que alteró la vida de una comunidad en la comuna de Nacimiento. Una mujer fue asesinada en su domicilio, dejando a sus hijos en una situación de extrema vulnerabilidad y un desamparo evidente. Esta angustia se extendió en todos los niveles. Uno de ellos fue el proceso judicial, en donde la familia no recibía la ayuda necesaria. Donde el Estado había fallado, seguía fallando.
La complejidad del caso era importante. Es por esa razón que Fundación Pro Bono revisó el caso y lo derivó a su red para poder entregar una solución en tiempo y calidad. Para muchas familias en Chile, esta es una realidad abrumadora y se convierte en un obstáculo directo para obtener una defensa legal adecuada y buscar una sentencia justa.
Esta brecha es precisamente donde la labor de Fundación Pro Bono se vuelve crucial. Nuestra misión es conectar a personas, grupos vulnerables y organizaciones sociales con una red de abogados y estudios jurídicos de primer nivel, dispuestos a ofrecer su trabajo de manera voluntaria y gratuita.
Fue Insunza Abogados quienes asumieron la representación de la familia. Y es que este paso fue decisivo. Uno de los abogados a cargo del caso, Matías Insunza, socio de Insunza Abogados, relata que el acompañamiento fue un pilar fundamental: “Mantuvimos comunicación constante con las hijas de la víctima (…). Fuimos informando del resultado de cada una de las audiencias que se llevaron a cabo en este caso, explicando las estrategias procesales adoptadas, los delitos por los que acusamos y las penas solicitadas”, señala. Esta comunicación cercana y constante fue clave para que la familia se sintiera respaldada y no revictimizada por el sistema.
El Desafío de una Defensa Legal Compleja con Perspectiva de Género
El proceso judicial no fue sencillo. Desde una perspectiva técnica, el principal desafío era acreditar uno de los delitos más graves cometidos contra la víctima, ya que las pruebas periciales eran limitadas. Como explica Insunza, “lo más complejo fue probar el delito de violación, ya que no había pericia del Servicio Médico Legal que, por si sola, pudiera probar el delito. Sino que tuvimos que acreditar indicios, con perspectiva de género, para lograr la convicción del Tribunal”.
El riguroso trabajo del equipo legal culminó con un veredicto condenatorio. El tribunal encontró al acusado culpable de los delitos de homicidio simple, violación y hurto, imponiendo penas que suman más de 18 años de presidio efectivo. Para el equipo legal, el resultado trascendió los números de la condena: “Más allá de la pena que se obtuvo en este caso (…) es satisfactorio haber podido lograr que se hiciera justicia”, comenta Matías Insunza. La sentencia fue un acto de reparación para la familia, brindándoles la certeza de que el sistema había funcionado y que la memoria de su madre había sido defendida.
Este caso demuestra de manera concreta el impacto del trabajo pro bono en la sociedad. Para el abogado, su importancia es indiscutible: “El trabajo pro bono acerca la justicia a todos. Estamos ante un caso sumamente violento y en que la familia de la víctima no tiene la situación socioeconómica para poder pagar honorarios a abogados que se dediquen a defender sus intereses”.
Esta visión es la que impulsa a la red de Fundación Pro Bono. El voluntariado legal es una herramienta poderosa que materializa el principio de igualdad ante la ley y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Como concluye Insunza, “el voluntariado legal es fundamental porque garantiza el acceso a la justicia para quienes no cuentan con recursos para una representación adecuada (…). Fortalece la confianza en el sistema judicial, promueve la solidaridad profesional y contribuye a construir una sociedad más justa”.
