Sandra. Ocupación de vivienda.
En septiembre del 2004 Sandra adquirió un subsidio habitacional para un departamento en La Pintana. Hasta entonces arrendaba una casa en Renca, comuna en la que trabaja por años en la feria libre, pero ésta sufrió un aluvión a la ladera del cerro y así decidió comprar una vivienda usada.
Cuando visitó la propiedad con la consultora designada por el Serviu se percató que estaba habitada, pero le aseguraron que esto era momentáneo y por ello firmó con convicción la compraventa del inmueble. Tal era su entusiasmo que asumió el costo por las deudas de luz y agua que mantenían sus ocupantes y el hecho de que el lugar no tuviera medidor. Sin embargo, cuando llegó el día de mudarse a su nueva vivienda se encontró con la sorpresa que ésta aún seguía habitada. Desde ese día han pasado ya más de 15 años.
“Fui a la consultora para pedir ayuda y me respondieron ¿qué más quieren ustedes los pobres?” Yo entonces tenía complicaciones por mi embarazo. Hablé con unos abogados y me dijeron que ellos no demandaban a un elefante blanco. Mandé cartas y correos y nadie me dio solución. De la consultora me pidieron que yo averiguara qué cosas tenía el ex dueño. Fui al Serviu pero tampoco me dieron solución. Se tiraban la pelota”, cuenta Sandra.
En 2017 la fundación derivó su caso y éste fue asumido por el estudio Gutiérrez Waugh Jimeno&Asenjo. Los abogados interpusieron una demanda por precario ante el Tercer Juzgado Civil de San Miguel y al poco tiempo comenzaron las notificaciones sin respuesta. Los demandados no acudieron a la audiencia ni a la conciliación.
En enero de 2019 el tribunal obligó a los akupas a restituir la propiedad en un plazo de tres días y los condenó al pago de costas.
“No saben la alegría que sentí cuando la fundación me ayudó y empecé a ver frutos positivos en torno a mi departamento. Me ayudan a descargar mi mochila”, cuenta.
Día del desalojo
Sin embargo, el caso sufrió un nuevo revés. Al momento del desalojo, tanto la persona a cargo de esta gestión como Carabineros recibieron amenazas e insultos de parte de los ocupantes y de los vecinos. “Así que hicimos el acto simbólico de entrega del departamento pero adentro quedaron cosas porque no pudimos seguir. Nos fuimos por seguridad. Aún hay alguien ahí viviendo. Mi departamento ha estado ocupado durante quince años, desde que obtuve el subsidio, no tiene luz ni agua ni medidor. Está inhabilitable, con un olor indescriptible, que se siente desde la escalera. Yo no puedo estar ahí por seguridad ni habitarlo con mi hija. Los abogados del estudio han sido muy humanos, han estado pendientes de mi situación, de mi estado anímico y de mi seguridad. Incluso me llamaron el día del desalojo”
El estudio Gutiérrez Waugh Jimeno&Asenjo interpuso una acción por cumplimiento incidental, con la cual se esperaba de una vez poner fin a la injusticia que Sandra ha vivido por más de 15 años. Sin embargo, la fundación decidió buscar más soluciones a este conflicto, sumando así a un nuevo estudio jurídico al caso. Esta nueva etapa fue asumida por el estudio Guerrero Olivos.
