Fundación Pro Bono y el Servicio Jesuita a Migrantes crearon en febrero de este año una mesa de trabajo para proponer una serie de indicaciones al proyecto de ley sobre migración ad portas de la presentación que hizo en el mes de abril el Gobierno de Sebastián Piñera.
La instancia consistió en reuniones bimensuales que comprendieron una evaluación exhaustiva del proyecto del Gobierno y la redacción de una propuesta colaborativa con enfoque en los más altos estándares en derechos humanos y en derecho comparado y en línea con una rigurosa adecuación a la realidad del continente latinoamericano.
Como miembros de Fundación Pro Bono participaron en la mesa los estudios Phillipi Prietocarrioza Ferrero DU & Uría; Albagli Zaliasnik, Morales&Besa, Rivadeneira Colombara Zegers y Barros&Errázuriz, y la consultora PwC.
El documento, que aborda 24 puntos principales, fue compartido por ambas fundaciones esta semana con la Comisión de Trabajo por proyecto de migraciones de la Cámara de Diputados. Entre las materias trabajadas están la nueva institucionalidad, derechos y deberes, categorías migratorias, infracciones y sanciones migratorias, entre otras, poniendo énfasis en Derechos Fundamentales; Debido Proceso; Regularización e Inclusión Cultural.
“Valoramos el esfuerzo del Gobierno por darle prioridad a la deuda que tenemos en Chile ante el fenómeno de la migración. Se requiere de leyes robustas que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas que llegan buscando una mejor oportunidad de vida y por ello quisimos contribuir a esta labor y a la del Congreso poniendo todo el expertis del sector privado a su disposición y a la del crecimiento país. Esa posibilidad se concretó gracias a la colaboración y a la experiencia práctica del Servicio Jesuita a Migrantes con quienes, al igual que lo hacemos con otras organizaciones en amplias materias, vinculamos al sector privado para que pueda incidir desde su valioso aporte al desarrollo de políticas públicas” indica Carolina Contreras, directora ejecutiva Fundación Pro Bono.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes, el director social Pablo Valenzuela destacó que la participación de la entidad está basada en la búsqueda para que “la ley tenga un enfoque de derecho donde todas las garantías estén presente”. “Sabemos que un país que presente un escenario donde esté manifiesto el principio de respeto a los Derechos Humanos, asegurará las herramientas básicas para una mejor promoción del individuo y de una sociedad intercultural. Es por eso que aplaudimos aquellas instancias donde nos inviten a pensar en un Chile inclusivo, con propuestas concretas dentro del ámbito legal”, agregó Valenzuela.
El trabajo de la mesa se enfocó en el análisis de la realidad migratoria regional, como vía efectiva para una legislación que responda a las necesidades presentes y futuras de la migración en Chile.
